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El pedido de ampliación presupuestaria fue presentada ante por la Corte el pasado 26 de junio, con la firma del ministro Antonio Fretes. Hasta el momento, no fue estudiada por la comisión de Hacienda y Presupuesto, según confirmó el senador colorado Silvio Ovelar.
El argumento del pedido es que la ampliación es necesaria al Poder Judicial “para el cumplimiento de las metas y objetivos para el presente año”.
Llamativamente, en la nota de presentación piden la excepción del cumplimiento del artículo 15 de la Ley 5386/15 “que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2015”. Dicho artículo señala que “las ampliaciones presupuestarias financiadas con fuente de financiamiento 10, Recursos del Tesoro, no serán atendidas en el presente ejercicio fiscal”.
También menciona la nota del presidente del Poder Judicial el A.l. N° 393/2015, por el cual la Corte Suprema de Justicia resolvió hacer lugar a la Suspensión de algunos artículos de la Ley 5386/15, entre ellos el Articulo N° 14, el cual expresa: “Toda solicitud de ampliación presupuestaria deberá ser presentada al Congreso Nacional, por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, sustentada en la demostración fehaciente de la existencia de los ingresos adicionales por fuente de financiamiento”.
De acuerdo al resumen de la presentación de la Corte, el destino de la ampliación serán reforzar algunos programas, como el de “Gobierno Judicial con la Gente”, que consiste en visitas a las circunscripciones y en especial a las localidades más alejadas de los centros urbanos, monitoreo de la gestión jurisdiccional en Juzgados de Paz y de Primera Instancia mediante mecanismos institucionales y en contacto directo con los usuarios de Justicia.
Estas actividades están encabezadas por los ministros de la Corte que reciben un viático importante en cada oportunidad.
Entre otros objetivos de la ampliación, mencionan el fortalecimiento y modernización institucional, la transparencia de la gestión, contribución a la defensa ambiental, capacitación, promoción del sistema de mediación, uso del guaraní paraguayo para la función judicial, trabajo con las comunidades y la sociedad civil organizada, etc.