Cargando...
El presidente de la Corte, Antonio Fretes, fue el único ministro que integró la sala, ya que sus ocho colegas se inhibieron. Finalmente, conformaron el alto tribunal los camaristas Arnulfo Arias y Bibiana Benítez Faría.
Las defensas de Soares y Guachiré plantearon la acción de inconstitucionalidad contra la resolución Nº 577, de fecha 14 de junio de 2011 de Mayor Martínez, y la N° 267, de fecha 24 de noviembre de 2011, dictada por el Tribunal de Apelación, integrado por Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y Emiliano Rolón Fernández.
La máxima instancia judicial rechazó in límine (sin estudio) el recurso presentado el 7 de diciembre de 2011, contra los fallos de primera y segunda instancia que se oponen al “archivo” de los puntos indicados.
La Sala Constitucional especificó que no puede “revisar discrepancias sobre cuestiones procesales fundadamente resueltas por los magistrados”. Al no cumplir con los requisitos formales, ni siquiera se estudia el fondo de la acción.
En las resoluciones objetadas se corrigió una disposición que se dictó en la audiencia preliminar del 8 de junio de 2011, por lo que la pesquisa de las provisiones de víveres del Operativo Chaco Oikotevê Ñanderehe, y las construcciones de las plantas desaladoras de Tte. Irala Fernández y Villa Choferes del Chaco, sigue su curso normal.
Los abogados patrocinantes Álvaro Arias, José Fernando Casañas Levi, Paola Villalba y Guillermo Weiler alegaron un “grave atentado a la inviolabilidad del derecho a la defensa”.
Esta postura se debe a que el juez Mayor Martínez fue inducido al error durante la audiencia preliminar, con la conducta omisiva del fiscal que intervino, Eduardo Cazenave.
El magistrado había sobreseído los puntos objetados sin que exista imputación alguna, solo las primeras diligencias del entonces fiscal anticorrupción, Arnaldo Giuzzio.
Sin embargo, en la resolución escrita cambió de postura haciendo la salvedad de que fue inducido al error por parte del representante del Ministerio Público y la Cámara le dio la razón.
Pesquisa abierta
Al margen del fallo de la Corte, el fiscal René Fernández realiza actos investigativos tras una segunda denuncia por presuntas sobrefecturaciones en la construcción de las dos desaladoras del Chaco. Hace unos días, una comitiva se cercioró de que las mismas no funcionan.
El exministro de la SEN está en la mira por desembolsar millones entre el 2009 y 2010 y de acuerdo con estimaciones de la propia Secretaría, las dos obras tuvieron un costo por encima de los G. 15.000 millones (US$ 3 millones).
La Contraloría detectó en su auditoría la existencia de un sobrecosto de al menor 224 millones de guaraníes.
Excusa para dilatar
La acción de inconstitucionalidad que finalmente se resolvió ayer era utilizada como excusa para que las defensas de Camilo Soares y Alfredo Guachiré dilaten la audiencia preliminar en el caso de sobrefacturación de G. 1.224 millones en compras de alimentos, pendiente desde agosto de 2011, tras la rectificación y la consecuente acusación penal de la fiscala adjunta Soledad Machuca.
Soares ya reconoció que fraguó facturas para quedarse con viático y tuvo que devolver unos 900 euros.