Cargando...
El Comité de Iglesias, desde el programa de derechos humanos, trabajó con las víctimas y familiares de víctimas de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989), llevando a cabo múltiples actividades como asistencia a víctimas y familiares, a los exiliados, asistencia y acompañamiento legal en los procesos judiciales, entre otros.
En su informe anual el Cipae expresa que como parte de la continuidad a la lucha y defensa para la reparación de los crímenes cometidos durante la dictadura, actualmente cuenta con un convenio de cooperación suscrito con el Ministerio de Justicia y Trabajo, cuya finalidad es realizar la ejecución y gestión técnica como parte del “Programa de Investigación sobre casos de desaparecidos en el periodo 1954-1989”.
El citado proyecto tiene como finalidad reconocer e identificar los restos óseos inhumados en los últimos años, pertenecientes presumiblemente a ciudadanos desaparecidos en el periodo mencionado.
Señala que según investigaciones y contando con un banco de datos de víctimas y familiares de víctimas, podrían pertenecer a los desaparecidos, ya que estas han sido excavadas y encontradas en lugares referentes donde se cometían los crímenes.
“El compromiso del Comité de Iglesias para con las víctimas del régimen de la dictadura sigue en pie desde los inicios de su creación como institución, por lo tanto, el proyecto que está para ser ejecutado nos dará la oportunidad de poder identificar a los desaparecidos, que hasta hoy día no han tenido una sepultura digna y la tristeza de sus familiares de no haber tenido más noticias de ellos”, expresa el informe del Comité de Iglesias respecto al convenio.
Restos inhumados
La Dirección de Reparación y Memoria Histórica de Paraguay, a cargo de Rogelio Goiburú, hijo del desaparecido Agustín Goiburú, hasta ahora ha logrado encontrar restos óseos de 27 personas en distintos lugares de la República.
Goiburú había dicho que seguirán buscando restos de víctimas de la dictadura. A pesar de que continuarán con la búsqueda, la tarea que se impone a partir de ahora es lograr conocer la identidad de las personas a quienes pertenecieron esos restos óseos hallados.
Para ello, reclaman que el Gobierno cumpla con el compromiso asumido. Inicialmente solicitaron 150.000 dólares para esa tarea. De acuerdo a los datos, 75.000 dólares ya fueron abonados por el gobierno anterior y restan otros 75.000 dólares.
En agosto de 2008, la Comisión de Verdad y Justicia denunció en su informe final que al menos 425 personas fueron ejecutadas o desaparecieron durante la dictadura. Hubo además casi 20.000 detenidos, la gran mayoría víctimas de torturas, y otras 20.814 personas fueron forzadas al exilio.
Por otra parte, recientemente Argentina exhortó a Paraguay para que informe de si ha abierto procesos penales por crímenes de lesa humanidad contra responsables identificados de la dictadura, en virtud de una querella criminal presentada ante un juez argentino.