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La regulación se otorgó en el marco de una acción autónoma de nulidad planteada por el Estado contra la Fundación Tesãi. En el juicio no había ningún monto de dinero en discusión, era una acción meramente declarativa.
La presentación del Estado tenía que ver con un caso que se inició en el 2005, cuando la Fundación Tesãi demandó al Estado en reclamo de la devolución del IVA-compra, por un monto de G. 13.000 millones. El juicio finalizó en el 2010 con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que establecía que el Ministerio de Hacienda debía devolver a la Fundación Tesãi la suma de G. 39.000 millones.
Ante esta situación, la Procuraduría presentó una acción autónoma de nulidad que tenía por objetivo frenar la devolución de la mencionada suma a Tesãi. El juez Alberto Martínez le dio trámite. El proceso aún está en curso, sin embargo, los abogados de la Fundación Tesãi que actuaron en la primera y segunda instancia, ya solicitaron y consiguieron la regulación de sus honorarios.
En primera instancia, el abogado Jorge Gabriel Romero reguló sus honorarios en calidad de abogado, en G. 6.401.910.048; y como procurador, G. 3.200.955.024. Mientras el abogado Julio César Romero reguló G. 1.896.323.060 en carácter de patrocinante y G. 948.161.530 como procurador. Juntos suman 12.447.349.662.
Esto nuevamente fue apelado por el Estado y el expediente fue a parar al Tribunal de Apelaciones, quinta sala.
Esta instancia judicial, de la mano de Linneo Ynsfrán, no solo ratificó el monto regulado a los abogados por la primera instancia, sino volvió a regular la suma de G. 284.448.459 más IVA a favor de Julio César Romero y G. 2.880.859.521, más IVA a Jorge Gabriel Romero, por sus actuaciones en la segunda instancia.
El total regulado a los Romero por su intervención supera los G. 15.000.000.000. La fundación Tesãi es considerada entidad del Estado.