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Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, ordenó la reapertura de la investigación por las supuestas irregularidades que habían sido cometidas en una licitación de 2016 para la actualización del sistema de gestión tributaria “Marangatu” de la SET.
Seitz ordenó la reapertura de la investigación tras una serie de publicaciones de ABC Color sobre la manera en la que la entonces viceministra de Tributación, Marta González Ayala, benefició al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), organismo del que era directiva al momento de la firma del contrato.
En la resolución emanada por Contrataciones se evidencia que la institución ya había abierto una investigación en 2016 debido a protestas de varias empresas nacionales. Sin embargo, la administración de Santiago Juré permitió que la licitación siguiera con su curso.
“Se formulan nuevas manifestaciones ampliando la denuncia contra el mismo llamado y la misma convocante”, señala la resolución.
Además se designa al funcionario Gustavo Zarza como encargado de llevar adelante la investigación.
Millonario negociado
Los antecedentes señalan que en junio de 2016, la SET entregó un contrato de US$ 3 millones para la actualización del sistema Marangatu. La adjudicación se hizo de forma directa, por la vía de la excepción y sin competencia.
Llamativamente, la SET tenía al frente en ese entonces a Marta González Ayala, quien también era parte del consejo directivo del CIAT. Un año después de la firma del millonario contrato, el organismo ungió a la exviceministra como su presidenta.
Como justificación para la contratación directa del CIAT, la SET argumentó que eran los únicos con la experiencia necesaria. Sin embargo, la firma terminó tercerizando el contrato con una empresa panameña, donde el organismo tiene su sede central.
Además, fueron los propios “expertos” del CIAT quienes se encargaron de la redacción del pliego de bases y condiciones del proceso de licitación que luego terminaría favoreciéndoles con un millonario contrato.