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La investigación preliminar se inició con base en la publicación del diario ABC Color en la que se señalaba que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) gastó G. 1.500 millones en viajes y pagó servicios que no están en el contrato. El TSJE desembolsó el año pasado G. 1.539 millones en concepto de pasajes y, según los extractos de cuentas, se incluyeron gastos de alojamiento, servicio que no está habilitado a abonarse por el contrato de adjudicación firmado tras una licitación.
El órgano electoral licitó la adquisición de pasajes y transporte por valor de G. 2.000 millones, de los cuales utilizó 1.539 millones. Entre los servicios abonados cargaron cuentas de alojamiento y hospedaje, en algunos casos inexistentes.
La contratista Inter Express SA en representación de Ronald Birks en su descargo expresó que la responsable de la ejecución del contrato es la Justicia Electoral y que ellos no podían saber que se debía cubrir con un objeto de gasto distinto al de pasajes.
La contratista Ami Tour, en representación de Ingrit Brunotte afirmó que las órdenes de servicios del TSJE cuentan con solicitudes genéricas y que el adjudicado no tiene más opción que aceptar los requerimientos realizados por el órgano electoral.
Por su parte, el TSJE respondió en su descargo que los servicios requeridos fueron una exigencia que demandaban las elecciones generales municipales, en lo que respecta a traslado, alojamiento, servicios de recepción y cóctel de bienvenida para los observadores internacionales.
La DNCP menciona en su resolución que el clasificador presupuestario aclara que gastos pueden ser realizados y que el servicio de catering y alquiler de salón entre otras prestaciones solicitadas por el TSJE no podían ser pagados con un objeto de gasto distinto al previsto en el clasificador.
Contrataciones Públicas recomendó a la Justicia Electoral tomar los recaudos pertinentes a fin de deslindar responsabilidades en el orden administrativo mediante la instrucción de sumario administrativo a los funcionarios que intervinieron en el proceso.
“Las elecciones municipales del año 2015, no puede ser argüida (alegada) por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, como fundamento para avalar irregularidades mencionadas, por ende, conociendo la envergadura de este tipo de eventos y de los requerimientos de contratación que se necesitan a fin de cumplir con las necesidades que conllevan este tipo de eventos, debió realizar el procedimiento de contratación conforme a los procedimientos establecidos en la ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas”, señala la resolución.
Contrataciones aclara que la investigación no cuestiona el proceso de adjudicación, sino los servicios requeridos por el TSJE bajo el supuesto de que eran “razonablemente” necesarios.
Servicios cuestionados
Contrataciones Públicas cuestionó que se haya gastado en servicios que no correspondían utilizando el rubro para pasajes aéreos. Por ejemplo, en servicio de intérprete G. 4.025.000 a cargo de Amitour SA; servicio de ambientación G. 41.677.000 en el Bourbon a cargo de Amitour SA; el servicio de catering proveído por la empresa Karu Ideas Gourmet con un presupuesto inicial de G. 13.754.521 a cargo de la empresa Amitour SA. Sin embargo, al final del evento incrementó a G. 14.060.990, ello en razón al cobro por extravío y rotura de alquileres (G. 278.608) y el servicio proveído en el Sheraton Asunción Hotel por un monto total de G. 63.861.000, a también a cargo de Amitour SA.