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El contralor Enrique García encontró un nuevo mecanismo de control de bienes de los empleados públicos. Envió a su equipo de Declaraciones Juradas a verificar los puestos de control en el marco del estudio patrimonial de los “magos” aduaneros, como si en las oficinas de estos se hallaran sus mansiones, lujosos vehículos, jugosos ahorros, etc.
Aparecen viajes de hace un año de funcionarios de Declaraciones Juradas a varios puestos aduaneros en el marco de la investigación patrimonial a un grupo de aduaneros. Hasta ahora no se sabe de los resultados generados con estos viajes de trabajo, que duraban 5 días cada uno y cuestan entre G. 10 millones y G. 12 millones, según vimos en el portal de la Contraloría.
Según el vocero de Enrique García “se fueron para verificar si los datos consignados y los informes remitidos por Aduanas correspondían con la realidad y para evaluar el nivel de vida de los funcionarios”. De hecho invocan el inciso 5° del artículo 4° de la Ley de Declaraciones, que habilita a sustanciar las investigaciones pertinentes para determinar la veracidad de las informaciones.
Lo llamativo es que estas investigaciones no se enfoquen en verificaciones de las majestuosas casas, grandes negocios, flota de vehículos, etc., de estos aduaneros, que son evidencias contundentes de la fortuna que amasaron.
En marzo del año pasado la Contraloría había iniciado el estudio de correspondencia a los “magos” aduaneros a pedido de la fiscalía. Ningún informe fue remitido al Ministerio Público y, con la excusa de que no recibieron los dictámenes, la fiscalía congeló el caso.
Denunciaron a tres funcionarios
Después de dos años y medio de haber iniciado estudio de correspondencia, Contraloría denunció ante la fiscalía a 3 de los 30 funcionarios sospechosos de enriquecimiento ilícito.
Empezaron a derivar al Ministerio Público casos de “magos” con menor nivel de prosperidad. Alfredo Cabral por un incremento de bienes no sustentables de G. 391 millones, Sergio Arias Carrasquillo por aumento patrimonial injustificable de unos G. 720 millones y Julián Martí por omitir bienes en su declaración jurada.