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Sin concurso público, la Contraloría General de la República (CGR) incorporó 71 nuevos funcionarios en los últimos 3 años y se niega a entregar el currículum de los mismos. Alega que es “una información de carácter privada”, según justificó la directora de Integridad Pública y Transparencia del órgano contralor, Digna Dárdano de Kanonnikof.
Vía Ley de Transparencia, solicitamos datos sobre las respectivas áreas, funciones y el legajo con los documentos que avalen la formación profesional de los nuevos funcionarios de la Contraloría. El pedido fue rechazado por la administración de Enrique García, vía dictamen de su asesoría jurídica con el argumento de que “constituyen patrimonio documental personal”.
“Cae bajo el ámbito de protección del Art. 36 de la Constitución Nacional, al establecer que dicho registro no puede ser examinado, reproducido, interceptado o secuestrado sino únicamente en virtud de una orden judicial emanada por la autoridad competente, para casos específicamente previstos en la ley y siempre que fuesen indispensables para el esclarecimiento de los asuntos de competencia de las correspondientes autoridades. En el presente caso y específicamente respecto de los registros de carácter privado solicitados, como parte del patrimonio documental de las personas, el fundamento jurídico insoslayable radica en el principio de prelación de las leyes, ya que al estar protegida la documentación solicitada por una norma de rango Constitucional, ninguna ley puede vulnerar esta garantía”, reza parte del dictamen de los abogados de la Contraloría.
El representante del Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI), Ezequiel Santagada, expresó al respecto: “Las copias de los documentos que avalan la formación profesional de una persona son información pública, ya que voluntariamente las entregaron a una fuente pública de información, en este caso a la CGR. Su publicidad permite el control público sobre los méritos y veracidad de esos documentos”. Sin embargo, en la Contraloría ocultan el currículum de sus funcionarios, por considerarlo “privado”, sin embargo el sueldo es público.
Rechazan recusación a fiscal
El fiscal Leonardi Guerrero fue confirmado en la causa del contralor general Enrique García por la fiscala adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Alba Rocío Cantero.
El agente fue recusado por el contralor por “odio”. Sin embargo, para la adjunta Cantero esto no es suficiente para apartar al investigador teniendo en cuenta las causales de apartamiento.
Leonardi Guerrero imputó a García por uso de documentos públicos de contenido falso que cometió al hacer creer a la justicia que cuando era director jurídico de la Municipalidad de Asunción apeló el fallo de un tribunal arbitral que condenó a la comuna capitalina a pagar US$ 3,6 a la firma Ivesur.