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Hace más de dos años que la Contraloría General de la República se niega a entregar información pública. En diciembre de 2016, el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano presentó por primera vez un pedido de acceso para solicitar que le entregaran las declaraciones juradas de las más altas autoridades de los últimos 20 años. El ente nunca respondió.
Un segundo intento llegó en diciembre de 2017. Tampoco hubo respuesta alguna de la entidad a cargo de Enrique García. Entonces, el periodista recurrió a instancias judiciales.
En mayo pasado, el juez Rubén Riquelme hizo lugar al amparo promovido por el periodista Juan Carlos Lezcano luego de que la CGR ignorara repetidamente las solicitudes de acceso a la información pública que había presentado.
El Tribunal de Apelación, primera sala, ratificó el pasado 7 de junio la histórica sentencia que había dado en primera instancia el juez Rubén Riquelme.
Mientras decía estar a favor de la transparencia y aseguraba que cumpliría con los dictámenes judiciales, el contralor Enrique García presentó el 4 de julio una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para evitar entregar la información pública.
Chicanas, una tras otra
La excusa de García para recurrir a la máxima instancia judicial fue que buscaba una “decisión definitiva”. Sin embargo, la realidad es que el contralor es el que traba el estudio de la acción que él mismo planteó ante la Corte Suprema de Justicia.
La Contraloría presentó la acción de inconstitucionalidad, pero no fue sino hasta cuatro meses después y luego de que la Corte intimara al ente que entregó las copias para que se corra traslado a la contraparte, para que esta pueda responder.
Corte prejuzgó y atropelló otro poder
Como si toda esta situación no fuera suficiente, la Corte Suprema de Justicia también hizo su parte.
En una abierta intromisión de la Corte Suprema de Justicia en las funciones del Congreso, la máxima instancia judicial envió un dictamen para tratar de frenar el proyecto de ley por el cual se hacen públicas las declaraciones juradas de funcionarios públicos el día antes de su estudio.
Además de la abierta intromisión en las funciones de otro poder, los ministros de la máxima instancia judicial incurren en un abierto prejuzgamiento. La Corte debe estudiar todavía la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República para no entregar esos mismos datos.
Los ministros incurrieron así en una grosera irregularidad. De hecho, los miembros de la máxima instancia judicial son parte interesada, pues sus declaraciones juradas también deberán hacerse públicas, según los fallos de las dos primeras instancias.
Mayor transparencia
“Brindar información personal y patrimonial de los servidores públicos, consecuentemente su acceso, contenidas en su declaración de bienes (...), tiene mayores beneficios para la salud pública que perjuicios para un servidor público, cuyo estándar de privacidad es inferior al del ciudadano común. A mayor responsabilidad pública, mayor transparencia”, había señalado Pedro Mayor Martínez, del Tribunal de Apelación, al momento de la sentencia, con lo que se desmentía a la Contraloría que alegaba privacidad.