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Ni bien el Ministerio Público decidió imputar a los implicados en la compra de las 5.700 hectáreas de tierras en Cordillera pertenecientes a la firma San Agustín SA, ligada al senador oviedista Jorge Oviedo Matto, la Contraloría realizó una auditoría especial, en cuya conclusión arroja como resultado que el Indert pagó un precio menor al ofertado en el mercado.
Siguiendo la lógica del ente contralor, según su conclusión habría que premiarles a los imputados (Luis Ortigoza, extitular del Indert; Enmanuel Friedmann, funcionario de Hacienda; Justo Gamarra, representante de las municipalidades; Milciades Duré, exgobernador de Cordillera y actual diputado; Arnaldo Jara, administrador de San Agustín; y los peritos del MOPC Mario Echeverría y Víctor Luis Blanco), por haber realizado una compra tan ventajosa para el Estado.
Casualmente, los abogados defensores de los imputados solicitaron a la fiscalía que incluyera en la carpeta fiscal la auditoría hecha por la Contraloría.
El contralor Rubén Velázquez Gadea, quien llegó a ser administrador judicial de San Agustín, además de ser socio comercial de Oviedo Matto en la agroganadera Sofía Juliana, tomó la iniciativa de auditar la operación realizada por el Indert. El ente agrario decidió pagar por las 5.700 hectáreas de tierras ubicadas en Atyrá y Altos, departamento de Cordillera, un valor de G. 60.000 millones. El primer desembolso en favor de la firma fue de G. 46.000 millones y se concretó el 27 de marzo de este año, justo días antes del cierre del acuerdo político entre el PLRA, entonces partido de gobierno, y el Unace.
Informe blanqueador
Uno de los accionistas principales de la firma San Agustín es Lidio Oviedo, padre del senador Oviedo Matto. Se presume que el cerebro de la concreción de la operación fue el senador oviedista y que la auditoría especial ordenada por el contralor no es otra cosa que un intento de blanqueo de su socio comercial.
Si bien el Ministerio Público no llegó a imputar al legislador, no se descarta que eso pueda ocurrir ya que la investigación sigue su curso, ahora a cargo de la fiscal Liliana Alcaraz.
La pretensión de la defensa de los imputados es agarrarse del informe de la Contraloría, en el que se observa una tasación realizada a las fincas adquiridas y concluye que el monto abonado por el Indert fue bajo.
Sin embargo, la imputación no se centra en el monto que se pagó por la propiedad, sino en la utilidad de la misma a los fines del ente agrario. Las tierras adquiridas por el Estado no son aptas para la reforma agraria. Incluso, en una parte del informe de Contraloría, de manera solapada se lee que en la zona abundan olerías, ya que el suelo es bastante arcilloso, ideal para la producción de ladrillo común.