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La auditoría especial tiene 25 páginas. Se elaboró luego de que el Ministerio Público decidiera imputar a los implicados en el supuesto negociado preelectoral que involucró al Indert y a la firma San Agustín SA vinculada al senador oviedista Jorge Oviedo Matto, en el sonado caso de la compra de más de 5.000 hectáreas en Cordillera. Según los peritos de la Fiscalía, las tierras no sirven para la reforma agraria, sin embargo, el Indert, en ese entonces a cargo de Luis Ortigoza (imputado), desembolsó G. 46.000 millones por ellas.
Además de Ortigoza, están imputados Emmanuel Friedmann, del Ministerio de Hacienda; Justo Gamarra, representante de las municipalidades, y Milciades Duré, exgobernador de Cordillera, hoy diputado del PLRA.
La auditoría practicada por la Contraloría, institución que está a cargo de Rubén Velázquez Gadea, se centra en el precio que el Indert pagó por la propiedad, y no en lo referente a si el terreno es apto para los propósitos del ente agrario. El documento, que llamativamente ni siquiera figura en la página web de la Contraloría, no cuenta con una conclusión, sino solo una cronología de cómo se fueron realizando los trabajos y hace especial hincapié en que los terrenos tienen un costo muy elevado en la zona, distinto a lo que el Indert pagó. En resumen, resalta que el ente agrario pagó poco por tierras que supuestamente cuestan mucho más, según las ofertas en el mercado. En algunas líneas hace referencia a que la actividad principal en la zona es la producción de ladrillo común, ya que la materia prima es la arcilla, que existe en abundancia en el lugar. El caso en la Fiscalía en estos momentos está a cargo de la agente Liliana Alcaraz, la que imputó fue Claudia Criscioni, quien había mencionado que en el momento de la compra, sobre la firma San Agustín existía una prohibición de contratar y de innovar, sin embargo, pese a ello se hizo la transacción.
Conexiones del contralor
Los abogados de los imputados habían solicitado la prejudicialidad del caso, hasta tanto el ente de control se expida. Obviamente, era de esperar el informe tibio y hasta burdo de la Contraloría, ya que Velázquez Gadea fue administrador judicial de la firma San Agustín, que inicialmente había ofrecido el inmueble. Velázquez Gadea fue puesto en el cargo gracias al partido Unace, y es considerado el hombre de confianza del senador Oviedo Matto, quien no está imputado, pero sobre quien pesan las sospechas de haber operado para lograr la transacción con el gobierno anterior.