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“Existe una tensión entre dos principios constitucionales que están protegidos por dos leyes del Congreso Nacional que se contraponen. Por eso nosotros habíamos solicitado al Tribunal que remita el expediente a la Sala Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia) para que también, juntamente con ese otro amparo que está pendiente de resolución de la Corte, sea resuelto el asunto”, señaló el contralor.
Posteriormente, Benítez Aldana dijo que van a dar cumplimiento a lo ordenado por la justicia, ya que para él lo resuelto no puede ser apelado. Sin embargo, señaló que va a solicitar a sus asesores jurídicos de la Contraloría General de la República que le hagan un dictamen sobre el caso, para estar más informado de cómo se tiene que proceder en este caso.
“Formalmente no es apelable lo resuelto por la Cámara, puedo o no estar de acuerdo, pero no puedo no acatar una orden judicial. En este caso si me ordenan hacer públicas las declaraciones las tengo que hacer, soy un funcionario público y tengo que cumplir con lo que se me ordena por vía judicial”, dijo el contralor Benítez.
Finalmente Camilo Benítez dijo que la Contraloría está en condiciones de dar a conocer todas las declaraciones juradas que tiene en su poder y si así lo ordena la justicia lo harán, sin problemas.
Pero aclaró que les tomará un tiempo poner en línea (informáticamente hablando) todo, ya que actualmente cuentan con más o menos 1.500.000 expedientes y muchos aún no fueron informatizados porque datan de muchos años.