Cargando...
Ovelar lamentó que el proyecto haya sido rechazado en su momento en la Cámara de Senadores y especialmente que el argumento haya sido que se trataba de una confiscación.
Señaló que el proyecto establece un procedimiento y una serie de garantías procesales que descartan la posibilidad de una actuación arbitraria o de que las personas sobre cuyos bienes se pide la extinción no puedan defenderse con todas las garantías.
La normativa prevé que las personas acusadas de delitos vinculados con el narcotráfico pierdan el dominio y la administración de sus bienes antes inclusive de culminar el proceso judicial. El objetivo es evitar que dichos bienes, durante el tiempo que dura el proceso, sean comercializados o que sean robados o se deterioren.
El legislador apuntó también que legislaciones similares a las que aprobaron están en auge en varios países con el respaldo de las Naciones Unidas y la OEA, como una herramienta eficaz para la lucha contra el narcotráfico.
Destacó además que nuestro país firmó el año pasado con la OEA el acuerdo marco sobre el proyecto de Administración de Bienes Incautados y Decomisados en América Latina, conocido internacionalmente por sus siglas como “proyecto Bidal”.
Indicó que, de acuerdo a conversaciones con los expertos de la OEA y a sus recomendaciones, se podría modificar el proyecto, una vez que sea aprobado. El aspecto a modificar se refiere a que el proyecto que está en nuestro Congreso establece que la administración estará a cargo de la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, debido a las múltiples ocupaciones que ya tiene la Procuraduría con los juicios al Estado, la recomendación de los expertos es que se cree una Secretaría Nacional de Bienes Comisados (Senabico). Apuntó que la idea no es crear ninguna nueva “superestructura”, sino que sea un organismo con pocos funcionarios, que pueden inclusive ser comisionados de otras reparticiones públicas.
Los integrantes de esa secretaría se encargarían de la administración y el cuidado de los bienes.
Señaló que hay asesores de la OEA que darán su respaldo y que cuentan con todo un manual de procedimientos para que pueda llevarse adelante con éxito, tal como ocurrió en otros países de la región.