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Pintos Martínez, actualmente asesor de la Junta Departamental de Boquerón, fue involucrado en la compra irregular de tierras en 1996 cuando se desempeñaba como consejero del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). El Estado Paraguayo pagó en aquel entonces la suma de G. 6.494.796.000 por la compra de 25.773 hectáreas de tierras en el Chaco paraguayo, que luego se probó que solo había 12.733 hectáreas.
En la causa fueron condenadas varias personas a 10 años de pena privativa de libertad, entre ellas el expresidente del Indi Valentín Gamarra Velázquez.
Pintos fue condenado en primera instancia a 10 años y la pena fue reducida a 8 años. Alegó que cumplió 14 meses en la cárcel para ser sobreseído gracias a la aplicación de los derechos consuetudinarios. Alegó que soportó la persecución de ONG y la justicia paraguaya “a los efectos de acallar la dignidad indígena”.