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Ante denuncia de politización en la inscripción de las familias, el responsable del Programa Nacional de Lucha contra la Pobreza de la Presidencia de República, Ing. Juan Carlos Baruja, suspendió hasta nuevo aviso la distribución de un total de 76.000 kilos de víveres.
La edil colorada desacreditó la denuncia realizada en su contra como la única responsable de que varias personas no aparezcan en la lista de beneficiarios con el kit de alimentos. Al respecto, dijo que en su espíritu “no está discriminar” la entrega de víveres y que solo quiso contribuir contratando a Juan Manuel Riveros González.
La concejala dijo que desconocía que Riveros González es planillero del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) con un sueldo administrativo de G. 2.500.000, y que solo le había pedido su ayuda porque urgía entregar a tiempo el listado de los beneficiarios. Aclaró que el mismo realizó un trabajo de voluntariado, pero no recibió ninguna inscripción para agregar a más gente ni excluir a nadie.
Recomendó realizar un trabajo periodístico “más serio” y no publicar “sin ninguna objetividad” porque perjudica a las personas. Al recordársele que existen algunos nombres que se inscribieron como el caso de Matilde Benítez de la localidad de Beni Loma, dijo que a ella supuestamente no la inscribieron, pero a su marido sí, porque ella “es argentina”.
El caso de Paulino Rodas, uno de los caudillos colorados que aparece en la nómina y que fue publicado, dijo que el mismo no tiene vivienda y que está desocupado aunque su pareja sí “es docente y tienen moto”. Tratando de aclarar las irregularidades, justificó también que existen otros casos de homonimia en varias compañías y eso no quiere decir que sea precisamente ese el beneficiario, por lo que reiteró “realizar una mejor investigación antes de publicar nombres y viviendas que no corresponden a los inscriptos”.
Agregó que ella no es la única responsable de la situación que no aparezcan los nombres, siendo que todos los miembros del Consejo Interinstitucional están involucrados porque son ellos quienes le acercaron la lista que se procedió a cargar.
La lista de los miembros del Consejo mencionado son: el presidente de la organización, el intendente Abog. Isabelino Silva; el vicepresidente, Ángel Enrique Quintana (Unace), los concejales César Brítez, Carmen Santacruz, Ángela González, Atilio Zárate y Luciano Cañete, todos ellos de la ANR, los ediles del Unace son Ana Rodas, Saturnino Carballo y Zunilda de Miranda. Del PLRA figuran los ediles Celso Mendoza, Tranquilino Adorno y Eligio Benítez.
Los demás miembros que integran el Consejo son: los supervisores Elba de Arce, Alfonso Gaette, Alberto Candia. Asimismo, están los funcionarios de los diferentes entes, Moisés Espínola por la Deag, Héctor Cabello por Correos Paraguayos, Isabel Cáceres, representante de la Cooperadora Escola, Sonia Vega de Codeni, Teófilo Lezcano por la Contraloría Ciudadana y Óscar Abel Román por la Municipalidad de Carapeguá y el comisario de Carapeguá Idelfonso Vega.
Explicó que todos ellos tuvieron acceso para inscribir a las personas carenciadas y que no hubo límite para ninguno de ellos e inscribieron la cantidad que ellos consideraban necesaria. Dijo que el trabajo se distribuyó por zona y que si se incluyeron a comerciantes, o a familiares cercanos a las autoridades y funcionarios, es responsable cada quien que obró de mala fe.