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Desde el 17 de marzo último (hace tres meses y doce días), la Cámara de Senadores retiene el proyecto de modificación de la Ley 5016/14, que retira a la Opaci (Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal) la facultad de cobrar a cada contribuyente un monto determinado por la expedición, renovación o anulación de las licencias de conducir.
El legislativo había aprobado las modificaciones ante el reclamo de la ciudadanía y las publicaciones hechas por nuestro diario en las que se exponía que dicho organismo intermunicipal no gubernamental recaudaba millones, no rendía cuentas a nadie y era manejada por el clan político Núñez oriundo de Villa Hayes, liderado por Basilio, asesor político del presidente Horacio Cartes.
La propuesta de normativa debió ser remitida a la Cámara de Diputados para que esta se expida sobre la misma y finalmente se convierta en ley. Fuentes de la dirección administrativa de la Cámara Baja aseguraron que el plan legislativo nunca llegó hasta ahí; y en estos casos ni siquiera corre el plazo establecido en la Constitución para su análisis, que es de 90 días hábiles.
Mientras el proyecto sigue durmiendo en los cajones del Senado, la Opaci continúa metiendo mano en los bolsillos de los pobladores. Existen serias sospechas de que ese organismo, ahora administrado por la intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez (ANR), habría vuelto a incluir en sus registros a contribuyentes que en años anteriores pidió la anulación de sus registros de conducir. Con esto obliga a un pago extra.
Un contribuyente asunceño, cuyo nombre mantenemos en reserva, denunció que el 1 de junio último, como todos los años, se acercó a la Municipalidad para abonar por la renovación de su licencia de conducir. Grande fue su sorpresa al llegar a la caja, pues el funcionario le manifestó que no podía renovar su documento porque en el sistema figuraba que es portador de otro registro de conducir expedido en la Comuna de Fernando de la Mora.
El hombre explicó al funcionario que tiene licencia entregada por Asunción desde hace al menos 25 años; pero el trabajador nada quiso saber. Le sugirió ir a dicha Municipalidad del distrito vecino a pagar la anulación, y posteriormente acudir a realizar la renovación. La anulación del registro le costó en el distrito fernandino G. 21.000, de los cuales G. 10.000 eran para Opaci. Aseguró que el suyo no fue el único caso. Solamente pudo salir del inconveniente cuando acercó a dicha ONG intermunicipal la nota de comunicación de la cancelación del registro en Fernando.