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Agregó que dicha acción debe ser tramitada por el magistrado Humberto Otazú y remitida a la Sala Constitucional, que es el órgano que deberá expedirse sobre la acción.
“Lo que nosotros le dijimos al juez hoy (por ayer) es que mientras nosotros oponemos esta excepción, vos no podrías aplicar esta ley, porque no sabés si la Corte (qué decidirá), y muchos aplaudirían para que la Corte rechace y probablemente por la presión lo van a hacer, pero esa ley es a todas luces inconstitucional. Todas las personas deberían poder litigar en libertad si no hay peligro de fuga y si no hay peligro de obstrucción”, dijo.
En otro momento, la jurista Cecilia Pérez criticó la argumentación de la imputación y orden de detención dictada por el fiscal René Fernández, argumentando que se basa en el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y que dicho documento “no es la prueba, no es una prueba documental, ni siquiera puede ser utilizado porque la misma ley excepciona”.