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En la causa penal abierta para individualizar a los responsables de la falsificación de firmas en las planillas pro enmienda no se puede realizar ninguna diligencia, debido a que la carpeta fiscal está en la Sala Penal.
El 16 de febrero pasado, la ministra Alicia Pucheta remitió un oficio al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, mediante el cual solicitó la carpeta fiscal contra “Personas innominadas sobre producción de documentos no auténticos y otros”, para determinar quiénes son partes en la causa más arriba señalada.
Pucheta, de esta forma se habría prestado a la maniobra de políticos colorados que buscan dilatar el proceso, para evitar ser imputados por falsificación de firmas en las planillas pro enmienda de la Constitución.
La intervención de la Corte Suprema se dio ante la impugnación de la resolución del fiscal general del Estado, quien confirmó en la causa al fiscal Fabián Centurión. Este había sido recusado por el exintendente de Lambaré y presidente de la seccional colorada de dicha ciudad, Roberto Cárdenas, por su “falta de objetividad” en el caso.
Según fuentes, la Sala Penal no acostumbra pedir la carpeta fiscal para resolver la recusación de los agentes del Ministerio Público, ya que con ello se paraliza la investigación fiscal. Sin embargo, sugestivamente en el caso que afecta a dirigentes del Partido Colorado, la doctora Pucheta, en febrero pasado cuando era presidenta de la Sala Penal, solicitó la carpeta original y con ello trabó la averiguación.
En la mayoría de las impugnaciones, la Corte suele pedir a la Fiscalía General un informe para saber quiénes son partes en el proceso. En este caso, llamativamente la doctora Pucheta prefirió llevar a la “vista” la carpeta con los documentos originales.
El fiscal general, mientras la carpeta fiscal continúe en la máxima instancia judicial, ni siquiera puede designar un interino en el proceso para que impulse las diligencias, a fin de individualizar y castigar a los responsables de la falsificación de firmas.
Con la recusación de Centurión, la causa había quedado a cargo de su colega Angel Ramírez, quien también fue asignado para la investigación del fraude. Si embargo, tampoco Ramírez puede intervenir, debido a que la carpeta principal se remitió a la Sala Penal.
Rechazo de recusación
“Se advierte que el recusante construye su pretensión sobre la base de supuesta existencia de una enemistad manifiesta del agente fiscal interviniente contra las autoridades de la Asociación Nacional Republicana”, señaló el titular Díaz Verón en la resolución por la cual confirmó a Centurión.
La recusación había sido planteada por el abogado Luis Rojas en representación de Cárdenas, quien alegó que la esposa de Centurión, Carol Noemí Flores, integra el movimiento Colorado Añetete, de los disidentes del partido oficialista. Sin embargo, este extremo no fue probado, según el fiscal general.
La resolución de Díaz Verón fue recurrida por Cárdenas, quien encontró la complicidad de la Corte para paralizar la investigación. Para ello, fue suficiente un oficio de la doctora Pucheta al fiscal general para que le remita la carpeta fiscal.
La ministra Pucheta es de extracción colorada y llegó a la Corte de la mano del expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos.
Sometimiento
En la mayoría de los casos, políticos judicializados se evidencia un grosero sometimiento de los ministros de la Corte, tanto al oficialismo como a la disidencia colorada y a la oposición. Todos buscan que los miembros del alto tribunal resuelvan de acuerdo a sus intereses y no como establecen la ley o la Constitución Nacional.
En tribunales, abogados advierten sobre un peligroso retroceso en la independencia del Poder Judicial cuyos administradores son muy criticados por la ciudadanía.
MILES DE CASOS
El fiscal Fabián Centurión y su colega Ángel Ramírez tenían a su cargo la investigación de la falsificación de firmas de “vivos y muertos” halladas en las planillas pro reelección presidencial vía enmienda de la Constitución Nacional. El caso dejó en ridículo a la ANR por las irregularidades detectadas, como las 1.142 firmas de personas fallecidas, entre otros delitos, que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) detectó en las planillas presentadas por el oficialismo colorado.
Centurión y Ramírez habían retirado del Partido Colorado las 1.024 planillas para realizar el peritaje de las firmas denunciadas como falsas.