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Vega, líder del movimiento de campesinos sin tierra y presidente de la Comisión de Familiares de Víctimas de la masacre de Curuguaty, fue tiroteado a la puerta de su casa el sábado pasado por dos desconocidos.
El organismo subraya en su pronunciamiento que Vega era testigo clave en una investigación sobre la masacre de Curuguaty, sucedida el 15 de junio último, y donde murieron 11 campesinos y 6 policías. Precisamente, fue esta masacre la que derivó en el juicio político que se le inició al expresidente Lugo y que acabó en su destitución. Además, Vega era el encargado de custodiar los documentos de los trámites realizados por la Comisión de Familiares de Víctimas ante el Indert para la adjudicación de las tierras de Marina Cue. La CIDH recuerda que “es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables”. Por ello, insta “al Estado de Paraguay a adoptar de forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos en el país, en especial, quienes trabajan en el movimiento de campesinos sin tierra y en la Comisión de Familiares de Víctimas de la masacre”.
Recuerda que “la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del estado de derecho y el fortalecimiento de la democracia”.