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PEDRO JUAN CABALLERO (Cándido Figueredo Ruiz, de nuestra redacción regional).El comisario Víctor Barúa, destituido tras el robo de los 252 kilos de cocaína, relató que luego de la incautación de la droga, el 10 de enero pasado en la estancia “Camba Cua”, sugirió a la asistente fiscal María Mirtha Martínez de Benítez, quien acompañó el procedimiento, que la carga fuera remitida al depósito del Ministerio Público o a la oficina regional de la Senad.
Sin embargo, según consta en el acta de procedimiento, por instrucciones de la fiscala Camila Rojas la droga fue trasladada a la Jefatura de Policía de Amambay, con sede en Pedro Juan Caballero.
Incluso, otro fiscal que tomó intervención, Juan Carlos Blanco, después también solicitó al juez Luis Alberto Benítez Noguera la autorización para la destrucción inmediata de la evidencia, justamente para evitar cualquier intento de rescate, pero las seis bolsas repletas de cocaína permanecieron guardadas en la armería de la Jefatura, de donde desaparecieron en la madrugada del sábado 17 de enero.
Con relación a este punto, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema ordenó ayer una auditoría de gestión para el magistrado, acerca del porqué demoró en autorizar la incineración de la cocaína, que finalmente había sido programada recién para ayer.
En su confesión, el oficial de guardia de la Jefatura de Policía en el momento del robo de la evidencia, el suboficial 2º Luciano Valenzuela, dijo haber sido encarado cerca de las 1:30 del sábado por el custodio del segundo turno, el suboficial 1º Santiago Ferreira Coronel, quien le indicó que estuviera atento porque habría “buena plata” por un “trabajo”.
Siempre según el testimonio del agente ahora utilizado como testigo, minutos después apareció en el sitio el suboficial mayor Lucio Natividad Recalde Melgarejo, quien junto al suboficial Santiago Ferreira Coronel sacaron las seis bolsas, las transportaron hacia el patio de la Gobernación y las arrojaron por la muralla.
La carpeta fiscal también menciona la participación del suboficial 1º Celso Fleitas, quien era el encargado de la armería y suministró una copia de la llave para la “devolución” de la droga confiscada.
Supuesto manejo desprolijo
El ministro del Interior, Francisco de Vargas, cuestionó el lunes último en una conferencia de prensa la desprolijidad con la que maneja el Ministerio Público la investigación de la incautación y el posterior robo de los 252 kilos de cocaína.
Se refirió específicamente así a la situación de la agente fiscal Camila Rojas, quien estaba de turno durante el decomiso, pero que al día siguiente se tomó vacaciones y dejó la causa a su colega Juan Carlos Blanco. Este último, a su vez, también salió de vacaciones y la pesquisa quedó a cargo del fiscal Samuel Valdez. Ayer intentamos conocer la respuesta de la fiscala Rojas sobre la versión del comisario Víctor Barúa, acerca de que le advirtió que la droga no estaría segura en la Jefatura de Policía, pero el celular de la funcionaria estaba apagado.