Cargando...
La Corte Suprema había adjudicado a la empresa Comtecpar, por G. 660.350.000, la licitación para la provisión de armas y municiones de guerra, a fin de reforzar la seguridad de los integrantes de la máxima instancia judicial.
Entre otras, el alto tribunal de la República compró 250 municiones calibre 5.56 x 45 mm a G. 6.900 cada una, que totalizó la suma de G. 17.250.000.
Para la importación de Estados Unidos de las armas y municiones de guerra la firma adjudicada consiguió la autorización de Dimabel. Una vez obtenido ese visto bueno realizó las compras y se hicieron los despachos de importación.
Luego las mercaderías fueron introducidas al país para ser entregadas, en este caso específico, a la Corte Suprema.
No podían estar en ningún otro lugar ni mucho menos ser comercializadas en forma particular.
Sin embargo, sugestivamente varias cajas de las municiones 5.56 se estaban vendiendo sin problema en algunas casas que se dedican a la venta de armas. Esta situación fue denunciada el año pasado al entonces presidente de la Corte, Víctor Núñez.
El escrito fue presentado por Rubén Orlando González Peralta, socio de Comtecpar SA junto con Carlos Federico León Ocampos.
González Peralta, quien mantiene una disputa judicial con su socio comercial León Ocampos, apuntó que pudo comprar de un comercio capitalino las municiones que fueron importadas a nombre del máximo tribunal de la República.
“Lo grave del caso, y que a mi criterio afecta negativamente a la Corte Suprema de Justicia y que podría tener derivaciones imprevisibles en caso de que este hecho salga a la luz de la opinión pública, o en todo caso se produzca algún acontecimiento de grave conmoción social, consiste en que los armamentos y municiones señaladas tienen la leyenda de que fueron importadas por Comtecpar y que tendrían como usuario final a la Corte Suprema. El tráfico de armamentos de guerra, que hemos puesto oportunamente a conocimiento de las autoridades, queda comprobado con los instrumentos que acompaño. Existe una grave irregularidad cuando libremente se estarían comercializando armamentos de guerra (absolutamente prohibido), que constituyen bienes que deberían estar en poder de la Corte Suprema”, señaló González Peralta.
El denunciante aclaró en su escrito que es socio director de Comtecpar, pero que fue desplazado de la administración, toma de decisiones, contrataciones, ventas, de la firma y que por ello tiene pleitos en el fuero civil con León Ocampos. Este incluso aparece en una publicación del periódico Los Tiempos de Bolivia, en la que se señaló que estuvo supuestamente implicado en el robo de armas del Ejército de dicho país.
La denuncia, ante la gravedad del hecho, fue derivada al Ministerio Público y la causa quedó a cargo de la fiscal Claudia Morrys. La agente fiscal, en una conversación telefónica, confirmó a nuestro diario que efectivamente tiene el caso.
La venta de municiones de guerra que se importaron para uso exclusivo de la Corte es apenas una muestra de lo que podría ser el tráfico de armas, no solo en Paraguay sino a nivel internacional.
Este hecho incluso podría salpicar a las Fuerzas Armadas de nuestro país, a las cuales Comtecpar proveyó armas y municiones de guerra por miles de millones, de acuerdo a fuentes cercanas a la investigación. Se afirma que esta grave situación incluso ya se puso a conocimiento de las jefes militares, para que adopten las medidas necesarias.
La Corte Suprema apenas recibida la denuncia ya remitió los antecedentes al Ministerio Público, en donde González Peralta también hizo una presentación. La causa número 1213 está caratulada como “Personas innominadas sobre hecho a determinar”.
“Mi intención es deslindar cualquier tipo de responsabilidad de la naturaleza que fuere. Actualmente y desde hace mucho tiempo me encuentro sin poder ejercer ningún acto como director o administrador de la sociedad. El problema se refiere a la forma de administrar y manejar la sociedad”, apuntó González Peralta en su escrito ante la Corte, en el cual insistió en la necesidad de esclarecer el hecho por su gravedad.
Las diligencias que pueda realizar la fiscalía permitirán esclarecer el caso. De por sí, la comercialización de armas y municiones de guerra, importadas a nombre de la Corte Suprema, en este caso, también se daría del Ejército, lo cual sería más grave.