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En ese lugar, el 15 de junio del año pasado murieron 11 campesinos y 6 policías.
“Manifestamos nuestro total desacuerdo con este dictamen emitido por la Fiscalía, por avalar el despojo de un bien público y abonar el campo de injusticias en el proceso seguido con relación a la masacre de Marina Cue, ya que la Fiscalía no solamente está cometiendo arbitrariedades desde la gestión del fiscal Jalil Rachid en el juicio contra campesinos injustamente procesados, sino ahora también en el proceso judicial relacionado a las tierras de Marina Cue”.
Nos preocupa sobremanera también el hecho de que este dictamen no haya sido dado a conocer en su momento a la opinión pública ni a las organizaciones que el 18 de junio ya habíamos tenido una audiencia con el fiscal general sobre este tema”, expresa.
Señala que existen suficientes y contundentes elementos que señalan que las tierras de Marina Cue pertenecen al Estado paraguayo, y que la empresa Campos Morombí se apropió fraudulentamente de ellas.
Pedido al presidente de la Corte Suprema
Por otra parte, representantes de la Articulación Curuguaty, Vía Campesina Paraguay, Comisión de Familiares de Víctimas de la Masacre de Marina Cue y la Comisión de Sin Tierras de Naranjaty, acompañados de los abogados Hugo Valiente y Alberto Alderete, pidieron al presidente de la Corte Suprema, Antonio Fretes, celeridad en la tramitación de las causas sobre las tierras de Marina Cue.
Las causas están en el expediente “El Estado paraguayo c/ Campos Morombí SAC y A, y La Industrial Paraguaya SA (LIPSA) s/ acción autónoma de nulidad”, año 2009, que está en la Sala Civil de la Corte, y la “Acción de inconstitucionalidad en el juicio ‘Indert contra La Industrial Paraguaya y otros sobre acción autónoma de nulidad’ ”, que data del año 2012.
Esta causa se encuentra en la Sala Constitucional de la Corte, según lo manifestado por personas
que se reunieron con el titular de dicha instancia, quien aseguró que hará lo posible para que el organismo a su cargo resuelva en el menor tiempo posible ambas causas.