“Casse amanecé mañana en el banco”

El exsenador Jorge Oviedo Matto llegó a integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, tras una maniobra inconstitucional en el Senado por un pacto entre cartistas, llanistas, oviedistas y del Frente Guasú, desde junio del 2016 hasta diciembre del 2017, cuando renunció.

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En ese periodo, los audios filtrados también pusieron en evidencia el uso y abuso que el mismo hacía de su influencia.

“Amanecé en el banco” 

El caso de Casse Giménez se conoció tras la filtración de un audio de voz de WhatsApp donde Oviedo Matto indicaba “Casse, amanecé mañana en el banco, yo te voy a solucionar, anina ejepy’apytei (no te preocupes)”.

El dialogo era en torno al proceso de un barrabrava de Olimpia, Fernando Rubén Ayala Barrios, de 24 años, y que tenía todas las características de una maniobra en las altas esferas del joven, que era el amigo del hijo del exfiscal general Javier Díaz Verón.

Casse llevaba la causa y en su ausencia, su colega Karina Giménez levantó una orden de detención y cambió la calificación.

Luego, la agente se ratificó ante el fiscal Francisco Torres que el exsenador Oviedo Matto le pidió US$ 10.000 para impulsar una denuncia contra su colega Karina, que cajoneaba su enjuiciamiento por mal desempeño de funciones luego de ordenar la libertad del barra brava amigo mencionado. Por este audio, la Fiscalía lo imputó por cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias. 

Salvado tras amenazar 

Oviedo Matto no perdió su investidura como senador, sino que renunció al cargo tras la divulgación de audios. Logró no correr la misma suerte que González Daher, tras amenazar en una sesión con revelar los “fatos” en los que estaban involucrados otros senadores.

Será más difícil la pérdida de investidura

En la última sesión de Senadores, quedó aprobada la modificación de la pérdida de investidura, con la aceptación del veto parcial del Ejecutivo. 

De esta forma, la ley establece que para aprobar la pérdida de investidura de un legislador, o retirarlo del cargo, debe haber una mayoría absoluta de dos tercios. Es decir, 30 votos en el Senado o 53 en Diputados. 

Esta reglamentación beneficia a los cuestionados por un supuesto hecho ilícito aunque equipara a votos necesarios para las demás destituciones.

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