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El juez Vázquez admitió todas las pruebas ofrecidas y rechazó los intentos de la defensa de dilatar nuevamente la audiencia, que ya fue suspendida tres veces (la última, el 27 de abril), "porque tienen temor de que eventualmente podría ser un juicio oral y público, porque probablemente existen suficiente pruebas que comprometen la conducta del acusado".
También ratificó la prisión preventiva del acusado, que se encuentra en Viñas Cue desde el 10 de diciembre de 2004.
Uno de los abogados defensores, de apellido Villalba, dijo que el juzgado no permitió la defensa del acusado y habría actuado de una manera "terriblemente violatoria de la ley". Anunció una acción criminal contra el juez Carlos Vázquez.
El caso tiene confusos antecedentes fiscales, ya que cuando fue denunciado por primera vez, en junio del 2002, ante la fiscala Nuria Isnardi, el expediente supuestamente fue extraviado y debió ser presentada nuevamente la denuncia en la Fiscalía General del Estado. Fue reabierto el caso el 22 de junio de 2004, a cargo del juez penal Carlos Vázquez y la fiscala Gladys Teresita Paredes.
El abuso sexual fue comprobado por el peritaje del centro médico local de Filadelfia, realizado el 18 de junio de 2002. El abuso sicológico se demostró pericialmente por el Poder Judicial con el informe de la Corte Suprema de Justicia del 19 de octubre del 2004, según Teresa Mayoral Sero.
"Si bien no es la primera vez que se sabe de la existencia de niños y niñas realizando tareas domésticas en unidades militares, es la primera vez que un caso de estos alcanza conocimiento público, y podría significar el inicio del fin de una práctica de abusos y discriminación en los cuarteles", subrayó Mayoral Sero.