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Mayor daño que la eventual difusión de “información inexacta o incorrecta” genera la impunidad con que actúan magistrados que violan la ley, probablemente en función de intereses privados que podrían estar relacionados con dinero ilegal.
Es interesante recordar a la Corte Suprema que la jueza Victoriana Cáceres ordenó dejar sin efecto un embargo de granos que afecta a la firma Agro Nikas SA, a pesar de una orden anterior del juzgado de Santa Rita.
Podemos mencionar la intervención del juez Sergio Rodríguez, de Presidente Franco, en el juicio que afecta a la propiedad de la familia Eisen, en Mayor Otaño, Itapúa, quien extendió en forma ilegal la aplicación de un contrato de subarrendamiento sin intervención del propietario del inmueble.
También admitió una medida cautelar en favor de Nivaldo Ourikes Kestring, supuesto usurpador de las tierras de los Eisen.
No podemos olvidar a la jueza Máxima Meza, quien el 12 de febrero recibió un pedido de interdicto, al día siguiente ordenó el desalojo de los propietarios del inmueble a quienes citó para presentarse el 25 de febrero para demostrar derechos, estando ya en la calle.
La jueza Meza dio continuidad al proceso iniciado en Capiatá, donde un juez declaro “rebelde” a una persona fallecida en el 2000.
No estamos hablando de casos aislados, de ninguna manera.