Casi fueron a los puños por declaración de bienes

“Enfermo siquiátrico”, le dijo ayer el senador llanista Dionisio Amarilla a su colega Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional) porque planteó aprobar el proyecto de ley de declaraciones juradas, que está a cargo de la esposa del liberal en la Contraloría. Cubas le calificó de “bandido y cartista”.

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El debate sobre las dos leyes de transparencia pública generó momentos de tensión entre los legisladores al punto que Cubas le calificó de “bandido y cartista” a su colega llanista Amarilla. El legislador liberal, a su turno, llamó a su colega “enfermo psiquiátrico” y lo volvió a desafiar a un cruce de puños fuera del Congreso.

La pelea se originó porque Amarilla intentó bloquear, postergar y hasta reconsiderar el tratamiento y aprobación del proyecto de Cubas, que ordena la difusión de las declaraciones juradas de bienes de todos los funcionarios del país, documentos que guarda secretamente la Contraloría General de la República. Justamente la Dirección de Declaraciones Juradas está a cargo de Analy Valiente de Amarilla, esposa del investigado legislador.

Finalmente el Senado aprobó el proyecto en general pero postergó una semana el estudio de cada artículo. La iniciativa busca modificar la Ley Nº 5033/13, que reglamenta el artículo N° 104 de la Constitución Nacional. A pedido de otras bancadas, el proyecto podría incluir a las autoridades de ONG, proveedores y contratistas del Estado e incluso se evalúa agregar a dueños de medios masivos de comunicación. El texto fue presentado el 20 de julio y desde el 13 de setiembre su estudio está cajoneado gracias a que Amarilla solicitó “fusionarlo” con su proyecto de “Datos Abiertos”, que solo dilató el análisis. Amarilla es investigado por la Fiscalía por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, junto a su colega cartista Javier Zacarías Irún y el titular de Diputados Miguel Cuevas (ANR, Añetete).

Datos abiertos en 15 días

El pleno resolvió que el proyecto de ley de “Datos Abiertos” sea aprobado en general y su estudio en particular en 15 días. Este texto ordenaría la difusión de más documentos reservados de numerosas instituciones estatales, principalmente del Poder Judicial.

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