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Esta es la segunda vez que Piñánez convoca a Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González, para que ejerzan su derecho a defenderse en la investigación abierta por cobro indebido de honorarios.
Los mismos no se presentaron nuevamente y ahora se analiza la imputación penal.
El diputado Tomás Rivas también podría ser incluido en el proceso como cómplice, debido a que refrendaba con su firma las planillas de asistencias de los tres funcionarios, que serían truchas.
Según fuentes del Ministerio Público, los tres caseros nunca cumplieron labores en la zona del Congreso Nacional. Esto habría sido ratificado con los informes de telefonías celulares, que no ubicaron a los mismos a través de sus celdas.
Sin embargo, los funcionarios que cumplen labores en el despacho del diputado declararon en carácter de testigos con un mismo libreto, con el que intentan hacer creer que Chaparro, Caballero y Franco sí cumplían labores en ese lugar.
En ese mismo sentido declararon los funcionarios de la Cámara de Diputados, Evelin Noelia Centurión Delgado, Del Rosario Aguilera Morel, Teresa Margarita Núñez de Mendoza, Andrea Verónica Benítez González, Luisa Mabel Díaz Brítez y Cristhian Emigdio Cáceres Duarte.
Este caso se conoció con una investigación del diario Última Hora, que realizó el seguimiento a los empleados particulares del parlamentario, que cobran salarios del Estado.
Nery Antonio Franco González, en realidad, trabaja a tiempo completo en la distribuidora Salto del Guairá, de Ybycuí, una empresa familiar del parlamentario cartista. El empleado cobra un salario de G. 3 millones en la Cámara de Diputados, pero no cumple horario.
Por su parte, Lucio Romero sería capataz de una estancia en el distrito de Mbuyapey que pertenece a Rivas y percibe del Estado un salario mensual de G. 2 millones.
Asimismo, Reinaldo Chaparro cobra un salario de G. 2 millones en la Cámara Baja, pero realizaría tareas domésticas en el domicilio del legislador, en Lambaré.