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Con los votos a favor de los ministros Sindulfo Blanco y Miguel Bajac, y de Alicia Pucheta en disidencia, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la casa de cambios Bonanza SA que funciona en Ciudad del Este y cuya licencia había sido cancelada por el Banco Central del Paraguay por no poder demostrar el origen de los fondos de quienes integraban el capital.
Según los antecedentes, la firma pertenecía originalmente a Bernardino Chávez Cristaldo y Julia Chávez Cristaldo. En 1999 estos decidieron vender la empresa a César Quevedo Rojas y Celeste Álvarez de Quevedo y recibieron como parte de pago una avioneta más dinero en efectivo.
Poco tiempo después, y antes de que se realice el traspaso oficial a los nuevos propietarios, la aeronave fue confiscada por la justicia por estar vinculada al narcotráfico. Ante la imposibilidad de transferir por encontrarse paralizada en el marco de una causa penal, los Chávez Cristaldo iniciaron una demanda contra los Quevedo por nulidad de acto jurídico.
En medio de esa disputa, entre los años 2008 y 2009, el Banco Central del Paraguay realizó una serie de inspecciones, en que Bonanza SA no pudo demostrar el origen de los fondos de quienes integran el capital. Ante esta situación el BCP decidió retirar la licencia a la casa. La medida fue recurrida ante el Tribunal de Cuentas, pero esta instancia judicial rechazó la acción promovida y confirmó la resolución de la banca matriz.
Sin embargo, sorpresivamente, el pasado 20 de abril Blanco y Bajac –quienes justamente están afrontando juicio político por mal desempeño de funciones– favorecieron a Bonanza Cambios SA.
Quién es Quevedo
Hugo Quevedo Rojas es un conocido “empresario de frontera” oriundo de Pedro Juan Caballero. En esta ciudad también tiene una casa de cambios de nombre HBO. En el 2004 protagonizó un hecho curioso cuando su hija menor fue tomada de rehén por unos malvivientes y Quevedo Rojas tuvo que ir a su negocio para entregar 70.000 dólares a cambio de la libertad de su hija. Los asaltantes llevaron también su camioneta una Toyota Land Cruiser que luego fue abandonada en una calle de Ponta Porã, Brasil.
Informaciones no confirmadas señalan que Quevedo Rojas no pudo ir a reconocer su rodado porque supuestamente tenía orden de captura en el vecino país por lavado de dinero.
Diputado Portillo, el nexo
Fuentes cercanas al caso manifestaron a nuestro diario que el diputado liberal por Alto Paraná, Carlos Portillo, fue el lobbista de los Quevedo ante la Corte Suprema de Justicia. Desde Ciudad del Este aseguran que el dueño de la casa de cambios sería financista de su campaña política.
Al legislador se lo vio en varias oportunidades por los pasillos del Poder Judicial gestionando el caso.
Sin embargo, en conversación con nuestro diario negó el hecho y dijo que no conoce a Hugo Quevedo Rojas.