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A raíz del intento fallido hasta ahora de Horacio Cartes de convertirse en senador de la Nación, los cartistas ya se encuentran tratando de fijar “nuevos rumbos” como en el caso de la Gobernación de Central, institución ocupada por liberales durante 26 años y que en las últimas elecciones pasó en poder de la ANR de la mano de Hugo Javier González.
En tal sentido, fueron designadas las personas que estarán a cargo del proceso de transición, hasta que se lleve a cabo la asunción del nuevo gobernador en el mes de agosto.
Lo llamativo es que estas personas, que desembarcan en la Gobernación de Central, en su mayoría poseen serios cuestionamientos y hasta antecedentes en la justicia.
Ellos son Omar Picco, exadministrador de la ANNP y recordado intendente interino de la Municipalidad de Asunción, donde nombró a la velocidad de la luz a Evanhy de Gallegos como asesora. Iván Ojeda, candidato a intendente numerosas veces, a quien Cartes nombró al frente de Capasa y fue denunciado por regalar cañas de azúcar a sus correligionarios.
Jorge Zárate Leiva, exdirector de Contrataciones Públicas en la época de Lugo y en enero del 2018 término su contrato en la Cámara de Diputados, donde lo habían contratado con salario de G. 10 millones mensuales como asesor. Fausto Portillo Lugo, que es el abogado de Víctor Bogado, a quien lo había representado cuando el cuestionado parlamentario presentó una demanda contra ABC por difamación y calumnia.
Estas cuatro personas nombradas son las que por nota vienen a observar el funcionamiento de la Gobernación y disponer lo necesario para que en agosto asuma Hugo Javier González.
Pero, además, aparecen como “asesores” Miguel Ángel Robles Ibarra y María Liz Gutiérrez.
Robles Ibarra, otro protegido del senador Víctor Bogado, está imputado y mantiene una causa judicial por soborno agravado en un proceso abierto en el año 2008.
En ese entonces se desarticuló una red que se dedicaba a la recaudación en negro en las oficinas de la ANNP y donde el propio titular de aquel momento, Albino González, denunció la existencia de maletines “para la corona” y la entrega semanal y quincenal de dinero negro. En total 13 funcionarios portuarios, entre ellos Robles (exadministrador en Chaco’i), fueron filmados con cámaras ocultas e imputados luego por “soborno agravado” por el exfiscal Giuzzio.
María Liz Gutiérrez, por su parte, está imputada por cobro indebido de honorarios, al igual que su exjefe, el diputado José María Ibáñez, por el caso “caseros de oro” en el que se investiga un perjuicio patrimonial al Estado. Gutiérrez era jefa de Gabinete de la Oficina del diputado (ANR) y encargada del control de asistencia de los funcionarios. Mantiene un proceso por los delitos de cobro indebido de honorarios, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y frustración de la persecución y ejecución penal. Esta asintió con su firma que los contratados se presentaron a trabajar en las oficinas de la Cámara de Diputados.
“Una transición tortuosa”
A falta todavía de más de dos meses para que se instale la nueva administración en la Gobernación del Departamento Central (bastión liberal por casi tres décadas) a manos de Hugo Javier González (ANR), se vislumbra una “transición tortuosa” en la institución donde han comenzado a instalarse representantes de Honor Colorado con no muy buenos antecedentes. Algunos nombres como el de Miguel Ángel Robles Ibarra, exadministrador portuario en Chaco’i, imputado por soborno agravado en el sonado caso de los “maletines para la corona” en la ANNP, y de María Liz Gutiérrez, también imputada por cobro indebido de honorarios en el caso de los “caseros de oro” del diputado Ibáñez, suenan fuerte en la gobernación.