Captura internacional en caso de bombas molotov

El juez penal de Garantías Gustavo Amarilla declaró la rebeldía y ordenó la captura internacional de los cuatro procesados por haber elaborado explosivos dentro del local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y que actualmente se encuentran tramitando refugio en Uruguay.

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El magistrado decretó la rebeldía y pidió captura internacional contra Brian Estaban Martínez y Luis Osvaldo Sánchez, dos de los cinco imputados por este caso de la elaboración de bombas en la noche del 31 de marzo pasado.

El juez explicó que se basó en que Martínez y Sánchez ya tenían orden de captura y un informe policial que señala que ambos estaban en el Uruguay.

La fiscalía también pidió la rebeldía con relación a Rubén Moisés Galeano y Osvaldo Daniel Aquino. En cuanto a ellos, el juez Amarilla admitió la imputación y los procesó, ya que hasta cuando se presentó la imputación él estaba recusado.

Finalmente se fijó para el próximo 29 de junio la audiencia de imposición de medidas para los nuevos imputados, quienes, sin embargo, se encuentran en Uruguay a la espera de que se les conceda el asilo territorial.

El magistrado basó su decisión en que tanto Martínez como Sánchez ya tenían orden de detención emanada de la Fiscalía, además, se agregó al expediente constancias de la Policía Nacional que indican que ambos estarían en Uruguay.

Amarilla explicó que uno de los motivos para decretar la rebeldía y la captura es cuando una persona no se somete a la orden de detención y cuando deja su domicilio real sin autorización de la justicia. Stiben Patrón es el único que está preso por este caso, ya que fue detenido por la Policía en la vía pública y puesto a disposición de la justicia.

También el juez Amarilla rechazó la solicitud de levantamiento de la detención decretada el 5 de junio pasado por la Fiscalía contra Brian Martínez. El pedido fue hecho por las abogadas Kattya González y María Esther Roa, en el proceso por supuesta fabricación de bombas molotov.

Las letradas alegaron que el fiscal Eugenio Ocampos no tenía potestad para decretar la detención de su representado, puesto que el mismo ya se había puesto a disposición del juzgado tres días antes y, en consecuencia, cualquier determinación respecto a su libertad es de competencia exclusiva del juez penal de garantías.

Amarilla rechazó la petición, debido a que Martínez se encuentra en estado de rebeldía.

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