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A través de un comunicado, los pobladores manifestaron su total repudio contra el agente fiscal Víctor Villaverde y también contra la fiscala adjunta Teresa Aguirre por calificarla de que se convierte en cómplice al no rectificar la decisión de su subalterno. Villaverde, el 29 de diciembre de 2016 a las 12:30 había presentado al juzgado el requerimiento de “suspensión condicional del procedimiento” en el caso de evasión fiscal denunciado.
La citada medida beneficia al expresidente de la Junta de Saneamiento, Carlos César Ramírez Valdez, quien además es funcionario de la ANDE, así como a Sergio Escobar Amarilla, a Cándido Rotela –también es funcionario de la ANDE–, a Darío Javier Trinidad Salinas (exconcejal) y a Gustavo Adorno López. Estas son personas ligadas con el poder local y oficialista a nivel nacional, y la mayoría ocupa puestos en varias instituciones de la ciudad, como en la Cooperativa Capiatá.
El fiscal de delitos económicos José Dos Santos había sido designado como coadyuvante en dicha causa, quien hizo avanzar la investigación. “Confirma definitivamente la existencia del delito de lesión de confianza, por lo que preparó la imputación nunca firmada ni presentada por el desleal Víctor Villaverde”, dice el comunicado.
Refieren que la Subsecretara de Estado de Tributación (SET), a través de la viceministra de Tributación Marta González Ayala, confirma y cuantifica definitivamente la suma evadida y el perjuicio patrimonial a la Junta de Saneamiento en 231.680.481 guaraníes. La denuncia había sido formulada por el padre José María Velasco García y el ciudadano Eladio Bareiro Riquelme, en el 2011.
Fue a causa de que saltó a la luz pública el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) en la Junta de Saneamiento y que nunca ingresó a las arcas fiscales, o sea, el dinero fue desviado. Inicialmente la causa estuvo a cargo de la fiscala y actual jueza Elsa Idoyaga, luego pasó a cargo de Julián Camacho y Sofía Giménez.
Idoyaga ordenó una pericia contable en la causa, que permitió corroborar la evasión que fue entonces, entre el 2006 y 2009, de G. 143 millones y que tampoco se conoce su paradero.
Los fiscales Julián Camacho y Sofía Giménez rechazaron la denuncia, pero a iniciativa de la jueza Norma Salomón, el fiscal general adjunto Patricio Gaona ordenó continuar la causa por los delitos de lesión de confianza. Afirman que actualmente el juez Manuel Saifildin puede revertir la situación.
Exhortan por ello al magistrado “que estudie a fondo la miserable y criminal postura del desleal funcionario fiscal, y agote los trámites procesales para no dejar impune el cuantioso perjuicio patrimonial perpetrado contra los usuarios y el estado Paraguayo. La credibilidad de la justicia así lo exige y clama”, afirma el comunicado. A la vez advierte que se movilizarán y denunciarán el hecho donde sea necesario.
Al respecto, el fiscal Villaverde dijo que la suspensión condicional no es dejar impune el caso sino otorgar medidas de conducta a cinco personas, como donaciones a instituciones de la ciudad, además de haber saldado con el fisco la deuda.
Detalló que Hacienda calificó como omisión de pago y no como defraudación. No obstante, dijo que es partidario de que el juez remita a la Fiscalía General el caso para que sus superiores supervisen su trabajo.