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Loizaga y el director de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), a cargo del abogado Rubén Ortiz, explicaron ayer en rueda de prensa que la institución solicitó informes a la General de la República (PGR), en el marco de la cooperación institucional, para tener la lista actualizada de juicios y cotejar con los datos que tiene la cartera de Estado.
Las acciones judiciales son por despidos injustificados, reposición de salarios caídos, hasta ascensos e incorporación en el escalafón, entre otros.
El funcionario aseguró que “no creen” que las demandas de funcionarios lleguen al número bajo ningún punto de vista, como refirió la PGR.
“Muchas veces los jueces no nos notifican, pero vamos a juntarnos y limpiar, depurar”, señaló. Ortiz explicó que la diferencia de números es porque en algunos casos los juzgados no dan intervención procesal al Ministerio de Relaciones Exteriores, y sí a la Procuraduría.
Nuestro diario publicó días atrás un informe proporcionado por la PGR, a cargo de Roberto Moreno Rodríguez, que refiere que el MRE soporta 119 demandas iniciadas por funcionarios contra la institución desde el 2013.
De acuerdo a los datos, 80 están en curso y 39 demandas inactivas (no hay actualmente procedimiento judicial en trámite).
Por su parte, el MRE divulgó ayer la lista actualizada de juicios en trámites entablados por funcionarios contra la cartera de Estado y que ascienden a 36 demandas.
Ortiz refirió que el informe contiene las referencias a 36 demandas, frente a los 72 juicios activos que la cartera de Estado tenía hasta agosto de 2013.
De la lista de 36 demandas activas, el abogado de MRE mencionó cuatro casos que datan desde el 2013. Explicó que dos se tratan de excepciones de inconstitucional promovidas por el abogado Roberto Améndola por regulación de honorarios.
Refirió también los casos de los funcionarios Fabiola Tavarelli y Fernando Parisi que pretenden, según Ortiz, incorporarse al escalafón diplomático por orden judicial. El abogado explicó que el MRE ganó en primera instancia y los funcionarios apelaron ante la Corte Suprema de Justicia.
Citamos un caso reciente de pago millonario contra la Cancillería. Por disposición de la Justicia, el Gobierno tendrá que pagar G. 512.346.737 de honorarios profesionales en una demanda que el MRE perdió ante el funcionario Víctor Hugo Peña Bareiro por despido. La Justicia ordenó su reincorporación y el pago de 1,8 millones de dólares. Peña actualmente es funcionario del Ministerio de RR.EE.
“No hay daño patrimonial”
El canciller Eladio Loizaga dijo ayer que estas demandas no significan un daño patrimonial contra la cartera estatal.
Manifestó que las acciones sí representan una “sangría” para el presupuesto de la Cancillería. Afirmó que muchos de los accionantes son actuales funcionarios y que “siguen campantemente” en el MRE. “No sé si hacen un beneficio o daño al resto, pero se siente en el resto un espíritu golpeado”, dijo. Al ser consultado si cree que existe una rosca judicial detrás de los juicios, aseveró que no se animaba a dar tal afirmación.