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De estos juicios, 27 tienen relación con impugnaciones de decretos del Poder Ejecutivo, planteadas por funcionarios, así como casos de despido y ejecuciones de resoluciones judiciales favorables en demandas instauradas y ganadas con anterioridad al 2013.
Moreno dijo que la Procuraduría “no perdió un solo juicio” iniciado contra el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). Señaló que la institución se encuentra abocada a la defensa de intereses del Estado paraguayo y la mayoría están aún en proceso. Según Moreno, a la fecha existen fallos favorables que permitieron un ahorro de G. 2.471.511.928 millones.
Citó el caso de la actual embajadora paraguaya en Chile, Nimia Oviedo de Torales. La diplomática accionó contra el Decreto 13319 del 3 de junio de 2008, en el cual la Procuraduría logró ante la Corte Suprema de Justicia la revocatoria de la sentencia del Tribunal de Cuentas, con lo cual se salvó al Estado de abonar la suma de G. 1.059.874.200.
El procurador informó también que la sentencia de la regulación de honorarios profesionales en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores y el diplomático Víctor Hugo Peña Bareiro, de unos 512 millones de guaraníes, surgió en la administración del expresidente Fernando Lugo, siendo procurador el doctor José Enrique García.
Por disposición del Poder Judicial, el Gobierno tendrá que pagar G. 512.346.737 de honorarios profesionales en una demanda que el MRE perdió ante el funcionario Víctor H. Peña Bareiro.
El litigio fue planteado en el 2010 por Peña, quien alegó despido injustificado. La justicia ordenó su reincorporación y el pago de 1,8 millones de dólares de indemnización. Peña ya cobró parte de la indemnización y actualmente es funcionario del Ministerio; ejerce el cargo de director de Planificación Política y percibe un salario mensual de 19 millones de guaraníes.
El juzgado de primera instancia en lo laboral, el 15 de marzo de 2013, reguló los honorarios de la abogada en 662.346.737 de guaraníes. Sin embargo, antes de pagar la Procuraduría General de la República recomendó a Relaciones Exteriores aplicar la cláusula cuarta del acuerdo firmado por Peña y su abogada con el Ministerio en diciembre de 2012. En ese artículo se disponía que la abogada aplicaría un descuento de 150 millones de guaraníes. La profesional aceptó hacer el descuento en sus honorario y el monto a ser pagado quedó establecido en 512.346.737 guaraníes.