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Suman y siguen las demandas millonarias entabladas por funcionarios contra la Cancillería. Citamos dos casos con sentencias firmes y pendientes de pago por parte del Estado. Una es la del excónsul general en Montevideo Felipe Nery Huerta. Demandó al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) en el 2001 por despido injustificado. La justicia ordenó el pago de 220.000 dólares y 179 millones de guaraníes.
La otra es la del exconsejero en la Embajada paraguaya en Egipto Gustavo Miranda Valenzuela. La sentencia dispuso el pago de 334.000 dólares y 90 millones de guaraníes.
En concreto, lo que tendrá que desembolsar el Estado por ambas demandas perdidas en el ámbito laboral es de 601.616 dólares, según la cotización actual de la moneda norteamericana. El MRE soporta varias acciones judiciales por despidos injustificado y reposición de salarios caídos.
Más de 100 demandas
En la actualidad 119 demandas iniciadas por funcionarios en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 2013 se encuentran en trámite, de las cuales 80 están en curso y 39 demandas inactivas (no hay actualmente procedimiento judicial en trámite), informó la Procuraduría General de la República, a cargo de Roberto Moreno Rodríguez.
De estos juicios, 27 tienen relación con impugnaciones de decretos del Poder Ejecutivo, planteadas por funcionarios, así como casos de despido y ejecuciones de resoluciones judiciales favorables en demandas instauradas y ganadas con anterioridad al 2013.
Moreno citó el caso de la actual embajadora paraguaya en Chile, Nimia Oviedo de Torales. La diplomática accionó contra el Decreto 13319 del 3 de junio de 2008, en el cual la Procuraduría logró ante la Corte Suprema de Justicia la revocatoria de la sentencia del Tribunal de Cuentas, con lo cual se salvó al Estado de abonar la suma de G. 1.059.874.200.
El procurador informó también que la sentencia de la regulación de honorarios profesionales en el caso del MRE y el diplomático Víctor Hugo Peña Bareiro, de unos G. 512 millones, surgió en la administración de Fernando Lugo. Era procurador José Enrique García.
US$ 1,5 millones
Cinco demandas de funcionarios contra la Cancillería nacional superan los US$ 1,5 millones, informó ayer el abogado Roberto Améndola, quien lleva la defensa de la mayoría de los litigantes.
El profesional citó cinco juicios por despido injustificado y diferencias de salarios y que tienen sentencias firmes del Poder Judicial y que el Estado debe pagar. Se trata de Alejandrina Vallejos: 417.628 dólares y G. 1.994.380.008. Accionó el 23 de junio 2014.
Otro caso es el de Gladys Villagra: US$ 200.468 y G. 247.959 millones. Accionó el 29 abril 2014. También el de Eduardo Ynsfrán Saldívar: US$ 227.342. Accionó el 7 agosto 2014; el de Gloria Díaz de Bareiro: US$ 32.472; y el de Víctor Simón Aranda: G. 474.136.150. “Estas liquidaciones son porque los juicios principales se perdieron”, apuntó.
El millonario caso Peña B.
Por disposición del Poder Judicial, el Gobierno tendrá que pagar G. 512.346.737 de honorarios profesionales en una demanda que el MRE perdió ante el funcionario Víctor H. Peña Bareiro. El litigio fue planteado en el 2010 por Peña, quien alegó despido injustificado. La justicia ordenó su reincorporación y el pago de 1,8 millones de dólares de indemnización. Peña ya cobró parte de la indemnización y actualmente es funcionario del Ministerio; ejerce el cargo de director de Planificación Política y percibe un salario mensual de 19 millones de guaraníes.
La Procuraduría General de la República recomendó un descuento de G. 150 millones. El monto a ser pagado quedó finalmente en G. 512.346.737.