Canciller consideraba más a Unasur que a OEA

En setiembre de 2011, el canciller Fernández Estigarribia confiaba más en los jefes de Estado de Unasur que en los embajadores de la OEA, según otro dictamen que envió al entonces ministro Jorge Lara Castro.

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Este contestó la solicitud en un documento que lleva fecha 7 de setiembre de 2011. En él considera varios puntos del documento de los excancilleres colorados.

Pero es en el punto cinco del documento que Fernández Estigarribia establece un criterio sobre el protocolo adicional para la defensa de la democracia de Unasur. El punto se refiere al órgano encargado de poner en vigencia los términos del protocolo. En ese sentido, decía Fernández Estigarribia que “en la cláusula democrática es el Consejo de jefes de Estado o, en su defecto, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores el órgano encargado de determinar mediante decisión consensuada la naturaleza y el alcance de las sanciones a ser aplicadas al Estado infractor.

Ahora bien, en la Carta Democrática Interamericana, que recientemente ha cumplido 10 años, es a nivel de embajadores de los Estados miembros de la OEA, que sin menoscabo de su investidura son altos funcionarios que dependen de los ministros de RR.EE. de sus respectivos Estados.

Es por ello que es nuestro parecer que en contraposición del documento remitido para su estudio, el mecanismo del Protocolo Adicional Cláusula Democrática es incluso más seguro que el mecanismo precedentemente señalado, ya que resguarda la toma de decisiones al más alto nivel”. El documento concluye indicando que el protocolo “es la continuidad de un firme y pertinaz esfuerzo internacional en la defensa de las democracias trabajosamente logradas en el continente sudamericano”.

Ambas fases de “protección”

El canciller Fernández Estigarribia sostenía en su dictamen como asesor internacional que la exigencia de consenso para la aplicación de la Cláusula de Defensa de la Democracia era una garantía. Asimismo, reiteraba la exigencia de la Carta de Naciones Unidas que establece que “no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad”.

Los gobiernos de Unasur aplicaron parte de la cláusula al Paraguay, sin consultar ni al mismo Estado afectado.

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