Camaristas se abren del caso prevaricato

Los camaristas José Waldir Servín y Agustín Lovera Cañete, por amistad con el imputado Víctor Núñez en el caso donde también está procesado Sindulfo Blanco por prevaricato, se excusaron de estudiar el conflicto de competencia entre jueces. Más camaristas se inhibirán.

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Camaristas de la tercera sala, José Waldir Servín y Agustín Lovera Cañete, se excusaron de analizar el conflicto de competencia de magistrados suscitado entre los jueces penales de garantías Gustavo Amarilla y Hugo Antonio Sosa Pasmor, quienes no quieren estar al frente del caso prevaricato.

Servín alegó que el exministro de la Corte Víctor Manuel Núñez, coimputado por prevaricato con Blanco, es su amigo desde la década del 80 cuando ejercían la Asesoría Legal para la hidroeléctrica Yacyretá.

Servín agrega que compartió labores con Núñez como jueces en lo criminal y luego como miembros del tribunal de sentencia.

Lovera Cañete también alegó amistad y frecuencia de trato.

Este camarista asimismo argumenta que Blanco integra la Sala Constitucional de la Corte que debe analizar la acción de inconstitucionalidad que promovió contra el Decreto N° 2780 del 25 de agosto de 2009, emitido por el expresidente Fernando Lugo, por el cual le denegó su aprobación para asumir el cargo de ministro de Corte.

Solamente el camarista Cristóbal Sánchez no se excusó de la causa abierta de prevaricato.

Este mañana se remitirá el expediente a la cuarta sala de la Cámara de Apelaciones para que el magistrado Emiliano Rolón decida si acepta o no estudiar la impugnación de la inhibición de los jueces penales de garantías.

El también miembro de la cuarta sala Carlos Ortiz Barrios no aceptará el expediente por amistad con Núñez, según trascendió en tribunales.

El tercer miembro de la cuarta sala es Arnulfo Arias, quien igualmente debe decidir si se inhibe o no.

El prevaricato se configura cuando un juez o árbitro beneficia o perjudica a una de las partes, contraviniendo a lo que disponen las leyes. La normativa prevé una expectativa de hasta 10 años de cárcel.

Blanco y Núñez fueron imputados porque admitieron una casación a pesar de que este recurso solo debe prosperar contra resoluciones que ponen fin al proceso. La casación fue promovida contra un fallo de la cámara que anuló una condena y ordenó el reenvío del expediente para un nuevo juzgamiento.

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