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Los encausados recurrieron resoluciones del juez Rubén Riquelme, por las cuales se rechazaron las pretensiones de las defensas de anular las imputaciones presentadas por la fiscala Victoria Acuña, por el hecho punible de lesión de confianza.
Los imputados están involucrados en la compra de las tierras de la empresa San Agustín por el Indert. Esta institución compró cinco mil hectáreas en Cordillera por G. 60.000 millones, para asentamientos.
Sin embargo, el precio habría sido sobrevaluado.
Ortigoza, cuando era titular del Indert, autorizó el pago de G. 47.000 millones a San Agustín, empresa vinculada al senador Jorge Oviedo Matto, cuyo padre aparece como uno de los accionistas de la firma.
Sin embargo, la Fiscalía considera que existen suficientes elementos que hacen presumir que se está ante un feroz negociado, que causó un millonario perjuicio al Estado paraguayo.
La empresa San Agustín está en quiebra y tiene millonarios bienes, que fueron administrados por Arnaldo Martín Jara. Este fue designado por el juez de Pedro Juan, Carlos Alvarenga Gross, mediante una maniobra judicial.
Jara también se encuentra imputado en este caso.
La escribana Marta Roa también seguirá imputada, según la Cámara. La escribana fue la que realizó la transferencia del inmueble.
El negociado habría permitido que se concrete el pacto entre liberales y oviedistas, antes de las elecciones generales pasadas.