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Los camaristas Gustavo Ocampos, Gustavo Santander y Pedro Mayor Martínez confirmaron la resolución dictada el 21 de junio pasado, mediante la cual el juez penal de garantías Gustavo Amarilla descartó dejar sin efecto la orden de detención dictada por el fiscal Eugenio Ocampos.
La defensa de Martínez, a cargo de las abogadas Kattya González y María Esther Roa, alegó que el fiscal Ocampos no tenía potestad para decretar la detención de su representado, puesto que el mismo ya se había puesto a disposición del juzgado tres días antes y, en consecuencia, cualquier determinación respecto a su libertad es de competencia exclusiva del juez de garantías. Amarilla rechazó la petición, debido a que Martínez no se presentó ante la Justicia.
“Al no estar sometido o puesto a disposición de la Justicia el encausado referido, mal podría su parte dirigir peticiones, incidentes o excepciones al ámbito jurisdiccional, debido a que nuestro sistema procesal no admite la persecución del proceso en contumacia”, precisa la Cámara de Apelaciones en la resolución que ratifica la decisión del juez penal de garantías Amarilla.
Refugio
El 12 de junio pasado, Martínez solicitó refugio al Uruguay tras declararse perseguido político, juntamente con los procesados Osvaldo Aquino Notario, Luis Osvaldo Sánchez González, Brian Esteban Martínez, Rubén Galeano Cáceres y Raúl Alberto Cáceres González.
Todos están procesados por perturbación de la paz pública por la toma del Congreso y quema de sus instalaciones registradas el 31 de marzo pasado.
Paralelamente, Martínez y Sánchez soportan otro proceso penal por la supuesta fabricación de bombas molotov.
El Gobierno uruguayo les concedió documentación provisoria, mientras el Consejo Nacional de Refugiados estudia el caso.