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Galaverna sostuvo que todas las amenazas de sanciones a quienes no voten de acuerdo a la directiva partidaria “son nulas de nulidad absoluta e insanable”.
Destacó que por ese motivo decidieron presentar las acciones judiciales pertinentes tanto contra la resolución de la Convención “de por sí bastarda y anticonstitucional, y de peor calaña la decisión de la Comisión Ejecutiva del partido”.
El legislador dijo que se dio una sucesión increíble, ya que primero les amenazaron con sanciones vía Convención, luego delegaron en la Junta de Gobierno y el pasado lunes el Comité Ejecutivo le “manoteó” esa facultad a la Junta y designó “a tres comisarios políticos, a semejanza del Soviet Supremo de la Unión Soviética en la época de Stalin”.
Indicó que se les da una suerte de poder supremo a tres disputados para que controlen la conducta del resto de los 43. “Es un disparate” indicó, al tiempo de señalar que no tiene sentido que quieran conseguir votos para la reforma constitucional con esta conducta.
Respecto a la acción judicial, dijo que juristas están trabajando en ella y que hay opiniones encontradas de si debe presentarse ante una cámara de la Justicia o ante la Sala Constitucional de la Corte, por medio de una media cautelar o un recurso por ilegalidad e inaplicabilidad de lo decidido por el partido.
Demanda
Afiliados colorados, con patrocinio del abogado Hugo López, presentaron el lunes último una demanda de nulidad de la convención ordinaria de la ANR, llevada a cabo el 29 de octubre. El documento fue presentado ante el Tribunal Electoral de la Capital segunda sala y lleva la firma de los afiliados colorados Víctor Hugo Rondán Samaniego, Hugo Ernesto González Chirico y Andrés Abel Rodríguez Romero.
Argumentan que la convención ordinaria de la ANR es “nula” porque los puntos consignados en la convocatoria, en cuanto al orden del día, de conformidad al artículo 17 del estatuto se realiza cada 5 años, por lo que la “asamblea fue convocada en forma extemporánea, atendiendo que la última se realizó en el 2012”.
En otro punto, refiere el escrito, que las autoridades partidarias “violaron flagrantemente” el artículo 201 de la Constitución que refiere que “los senadores y diputados no están sujetos a mandato imperativo.”