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Buzarquis acudió al Congreso y ahí se reunió con la diputada Olga Ferreira (independiente), titular de la Comisión de DD.HH. Acompañado por diputados liberales que apoyan su lista, denunció supuestas irregularidades en el proceso judicial que afronta por un presunto perjuicio económico al Estado de US$ 600.000, siendo ministro del MOPC en el 2012 (durante el gobierno de Federico Franco).
Buzarquis afirmó que no cuenta con las garantías procesales porque la justicia se maneja a “control remoto” de manera politizada.
Ante una consulta acusó a Jiménez Gaona de ejercer presión. Dijo que el ministro le adjudicó a su padre la ampliación de las rutas II y VII, durante 30 años, para embolsarse unos US$ 200 millones. “Pero nadie dice nada de eso”, lamentó.
Buzarquis expresó que tenía que ser sobreseído tal como sucedió en el caso “cocido de oro” en el MEC.
En otro ejemplo, recordó que el fiscal Aldo Cantero archivó el caso de los “alquileres de oro” contra el ministro del TSJE también imputado Alberto Ramírez Zambonini (PLRA), porque la licitación se canceló. En su caso, refirió que tampoco hizo pago alguno y que no existe perjuicio económico al Estado.
Sin embargo, no mencionó que tras ser blanqueado, Ramírez Z. contrató a la pareja del fiscal Cantero con un sueldo de G. 20 millones.
Agregó que las verdaderas chicaneras son la jueza Graciela Caballero y la fiscala Victoria Acuña, por no darle el sobreseimiento.