Cargando...
Entre los argumentos esgrimidos para la aprobación de la ley se encuentra el hecho de que los plazos procesales son cortos.
Al respecto, el diputado sostiene que cuando el presunto autor de determinados hechos punibles, desde la posición que ocupa dentro de la estructura del Estado, como administrador de bienes públicos, funcionario dependiente o empleado, tiene a su disposición los medios necesarios para mantener ocultos esos hechos, impidiendo que los mismos adquieran conocimiento público y puedan ser objeto de investigación, juzgamiento y eventual sanción, frustrando de esa manera la persecución penal.
Entre los delitos considerados imprescriptibles para los administradores de los recursos públicos figuran la infidelidad, lesión de confianza o administración fraudulenta en el ejercicio de sus funciones, como una manera de preservar la prerrogativa del Estado de ejercitar su derecho a la ejecución de la acción penal contra empleados infieles.
Rojas afirmó que cuenta con los votos necesarios para la aprobación del proyecto de ley que ya fue presentado y derivado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación y Justicia y Trabajo.
Según el Código Penal actualmente los hechos punibles de este tipo prescriben en un plazo máximo de 15 años, cuando el límite máximo sea de 15 años de pena privativa de libertad, que es la máxima actualmente. O de tres años cuando el límite máximo del marco penal previsto sea de tres años de pena privativa de libertad o multa.
El plazo corre desde el momento en que termina la conducta punible. En caso de ocurrir posteriormente un resultado que pertenezca al tipo legal, el caso correrá desde ese momento. La ley también se aplica a los delitos contra el sistema electoral como el falseamiento de documentos electorales.