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El mandatario boliviano pretende formar parte del Mercosur. El bloque, antes que nada, es un proyecto de integración económica en que los países buscan integrar un mercado común.
En este contexto, resulta inexplicable que el gobierno de Bolivia haya suspendido el asfaltado del proyecto carretero Villa Montes-Tarija. Paraguay y Bolivia serían beneficiados por igual con una ruta que tendrá un impacto económico positivo, no solo para ambos países sino para la región en su conjunto.
El Movimiento Al Socialismo (MAS), en Tarija, resolvió no avanzar en el asfaltado de la ruta. Tiene dos motivos: primero, es un proyecto impulsado por el gobernador Mario Cossío, a quien alejaron del poder por medio de un golpe impulsado desde La Paz, pese a llevar adelante programas sociales ahora puestos en vigencia; segundo, no harán nada que pueda beneficiar al Paraguay dado el juicio político que alejó a Fernando Lugo del gobierno.
Contradicción
Resulta contradictorio solicitar el ingreso al Mercosur y al mismo tiempo suspender un proyecto vial que tiene precisamente como finalidad lograr una mayor integración económica.
En estas condiciones, el Mercosur deja de ser un proyecto de integración económica para convertirse en programa dogmático de integración política entre países que coyunturalmente comparten una ideología.
Lo grave en esta situación es que el principio democrático del derecho al disenso deja de existir: un grupo de países dicta reglas de comportamiento político y quien no las comparte se arriesga a sanciones.
El posible ingreso de Bolivia al Mercosur no hará otra cosa sino fortalecer una corriente de izquierda claramente totalitaria.
Brasil no solo entregó el Mercosur a Venezuela a cambio de multimillonarias exportaciones, también abrió las puertas de la región a un modelo político obsoleto. Tiene sus fronteras seguras y lo que sucede fuera de ellas tiene sin cuidado a Itamaraty.
Ojos puestos en Itaipú
Teniendo en sus manos un bloque exclusivamente preocupado por el expansionismo ideológico, a Brasil le será fácil manejar la región y muy especialmente el Mercosur. La reacción regional ante la destitución de Fernando Lugo dejó claro que los intereses políticos priman sobre los acuerdos.
Y aquí viene un tema crucial para el Brasil: el año 2023 se encuentra a la vuelta de la esquina y marca el vencimiento del Tratado de Itaipú. Brasil se verá obligado a renegociar e intentará por todos los medios mantener su tutela sobre una hidroeléctrica fundamental para sostener su creciente necesidad de energía.
Se presenta un escenario complicado para nuestro país: se puede no reconocer al próximo gobierno y mantener un estatus permanente de supuesta ilegitimidad, buscando de este modo negar capacidad negociadora al gobierno que tenga que negociar un nuevo tratado en el 2023.
Si el Paraguay no acepta observadores de Unasur, el bloque puede alegar que no tiene constancia de que hayan sido elecciones libres, por lo tanto pueden mantener las sanciones. Si entran para las elecciones, dirán que recuperamos la democracia gracias a Unasur.
No es necesario señalar que la democracia no estuvo en peligro en Paraguay, se cumplió lo que dice una Constitución Nacional redactada en 1992 y Fernando Lugo aceptó el juzgamiento. Brasil tiene clara esta situación, pero políticamente surgió una oportunidad para poner en entredicho la legitimidad y legalidad de nuestro gobierno. Puede ser una carta para el 2023.
En cuanto a Argentina, simplemente cretinismo de su gobierno.
Brasil no es un país hermano, ni siquiera un país amigo: es un imperio con el cual tenemos que lidiar.
Habría que ver la capacidad y patriotismo del liderazgo político de nuestro país. El problema con nuestros líderes es que tienen mucho en común con el gobierno argentino.