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A diferencia de la Cámara de Diputados, en el Senado el proyecto de ley tiene dictamen de rechazo de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La última vez que tuvo tratamiento en dicha Cámara fue el 8 de mayo del 2014 cuando los senadores decidieron aplazar el estudio de la propuesta por tiempo indefinido.
La propuesta legislativa de los llanistas es casi similar al proyecto que se encuentra en la Cámara Baja con la diferencia de que los senadores plantean sanciones como: la inhibición general de vender y grabar bienes por cuatro años, además de la prohibición para desempeñarse en cargos públicos, recibir subsidios, renovar el documento de identidad y la objeción del pasaporte. Sin embargo, otorgan la posibilidad al elector de justificar su falta.
Otra diferencia es que los senadores plantean que las sanciones serán “perdonadas” previo pago de una multa de 40 jornales mínimos, es decir, el elector deberá abonar la suma de G. 3.140.160. También establecen que casos pueden ser considerados como causas justificadas.
Citan casos de enfermedad, invalidez o imposibilidad física que impidan al elector concurrir al local de votación el día de las elecciones, los declarados interdictos judiciales, la ausencia en el país el día de las elecciones, el cumplimiento de alguna función pública que imposibilite la concurrencia al local de votación, entre otros casos.
La ausencia será justificada con una constancia de votación. Los jefes de los organismos nacionales, municipales, sean estos policiales, castrenses o de salud, comunicarán al Registro Cívico Electoral el motivo de la omisión del sufragio de sus subordinados y en el lugar destinado a la emisión del voto en caso de actos de servicio o disposición legal.