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La ley sancionada por el Congreso establece que los colegios profesionales universitarios son “instituciones de derecho público que se establecerán en cada una de las profesiones para cuyo ejercicio se requieran estudios académicos de nivel universitario”.
Según la ley, los órganos de gestión de los colegios se integrarán con los propios profesionales en la materia, democráticamente electos entre sus pares colegiados. En cuanto a la competencia de los colegios, el artículo 2, inciso a) exige “el otorgamiento, renovación, suspensión, cancelación y rehabilitación en la matrícula habilitante para el ejercicio de la respectiva profesión”. Este artículo fue tildado de inconstitucional por supuestamente ir en contra del Art. 42 de la Constitución que dice que “nadie está obligado a pertenecer a determinada asociación”.
También fue muy cuestionado el inciso b), que dispone que las decisiones del tribunal de conducta de los colegios profesionales “solamente serán recurribles ante la Corte Suprema”. El artículo 3 señala que el estatuto de cada colegio tendrá fuerza vinculante ante todos los profesionales del gremio.
Sin embargo, Bacchetta consideró ayer que ninguno de los artículos de la ley son inconstitucionales. Agregó que hay un malentendido. “Nosotros siempre hemos luchado por la colegiación. Y hay un criterio que nos pone en desventaja con los demás países del Mercosur. Aprobamos un tratado y en ese tratado nos deja en desventaja, si no tenemos colegiación. Está mal entendida nomás la colegiación obligatoria porque los gremios no supieron explicar”, añadió.
Insistió en que los colegios tienen que fortalecerse a través de elecciones directas de todos los gremios. “Los abogados tienen que votarle a su colegio de abogados en toda la República; los ingenieros, agrónomos y médicos también deben aglutinarse”, indicó.
Argumentó que un colegio de profesionales no solamente tiene la misión de entregar matrículas a los egresados para ejercer la profesión.
Bacchetta informó que explicará su postura a la bancada “A” de su partido “y si no corre, no corre. Pero lamento que no se interprete a cabalidad”, indicó.
La Comisión Constitucional aún no emitió un dictamen sobre el veto.