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El 6 de agosto último el entonces diputado José María Ibáñez (ANR, abdista) presentó su renuncia al Congreso tras ser blanqueado por la Justicia. El 29 del mismo mes también dimite el entonces senador Óscar González Daher (ANR, cartista), quien actualmente se encuentra preso. Posteriormente, la Fiscalía anunció el 27 de setiembre que el presidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas (ANR, abdista), sería investigado por enriquecimiento ilícito.
Ante el negro panorama, los diputados reaccionaron y el 13 de noviembre aprobaron un nuevo proyecto de ley de “autoblindaje” para protegerse mutuamente de la perdida de investidura. Ante la indignación ciudadana y la promesa del presidente Mario Abdo Benítez de vetar dicha ley, los diputados recularon el 21 de noviembre.
Sin embargo, la suerte ya estaba echada ya que el prolongado debate sirvió para mantener en el “freezer” el pedido de pérdida de investidura del Diputado Carlos Portillo (PLRA, efrainista), a quien comprometen audios filtrados en los que pide coimas y amenaza a abogados con represalias.
Otro salvado es Tomás Rivas (ANR, cartista), quien se encuentra imputado por tener “caseros de oro” pagados por el Congreso. El legislador accionó judicialmente para que la Cámara de Diputados no reciba la notificación de su proceso judicial y por lo tanto sigue gozando de fueros.
El diputado de Canindeyú Teófilo Espínola (PLRA, efrainista) pidió su desafuero y sus colegas le retiraron la inmunidad.
Por otro lado ningún fiscal investiga el caso de tráfico de influencia del diputado de Alto Paraná Manuel Trinidad (PLRA, llanista), quien siendo legislador proclamado presionó para que la Itaipú Binacional renueve el contrato con su empresa.
Trinidad era juez de Ciudad del Este y renunció ante su inminente destitución por liberar narcotraficantes y cargamentos sospechosos.