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El punto 2 del informe: Estructura y funcionamiento de la penitenciaría, dice que en el periodo 2009-2012 existió un fuerte incremento en la inversión hacia instituciones con competencia en el sistema penal: Ministerio de Justicia y Trabajo, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y Ministerio de la Defensa Pública.
Agrega que en dos de las instancias fundamentales, Justicia y Trabajo que administra el sistema penitenciario del país, y en la Defensa Pública, que debiera vigilar que se garantice el derecho a un proceso justo, los incrementos fueron respectivamente, 61,1 por ciento y 155 por ciento.
“El aumento presupuestario tendría que haber generado mejoras en la gestión del sistema judicial, del subsistema penitenciario y en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. Sin embargo, el número de personas con condena aumentó solamente en 1,1 por ciento de la cual solo el 20 por ciento tenía confirmación de su condena por parte de las cámaras de apelaciones o la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, el mayor presupuesto no se correspondió con una mayor eficiencia del sistema penal”, expresa MNP.
Recalca que el gasto del MJT en el rubro penitenciarías aumentó 61,1%, la población carcelario lo hizo en menor proporción (19,4%), sin que se observe mejoramiento en las condiciones de vida de la población penal del país y de internos de Tacumbú en particular.
Resalta que esa situación se puede notar en aspectos tan elementales como que numerosos internos duermen en el suelo.
En la conferencia de prensa de presentación del informe se expuso que hace dos años no se compran colchones para la cárcel de Tacumbú.
Las variables que se analizaron de las personas privadas de libertad en Tacumbú se agruparon en tres ejes: factores que propician la vulneración de derechos (infraestructura, superpoblación y hacinamiento); condiciones de vida de las personas (sanciones, pobreza e inequidad y corrupción) y la vulneración de derechos (a la defensa, a la alimentación, a la salud y a la educación).
Viola derechos y garantías
“La superpoblación y el hacinamiento son factores decisivos en la calidad de vida de los internos. El hacinamiento es, en sí mismo, una violación de derechos y garantías, a la vez que un factor que contribuye a producir otras formas de vulneración de otros derechos fundamentales”, dice parte del informe sobre la cárcel de Tacumbú del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Señala que un sistema penal debe encarcelar con base en la certeza de la condena penal que solo deviene de una sentencia firme y ejecutoriada. También refiere que la prisión preventiva debería ser excepcional, y su uso indiscriminado refleja el funcionamiento deficitario de la justicia penal en el Paraguay.