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El pacto entre 44 diputados cartistas, liberales, llanistas, encuentristas y del Frente Guasu que se unieron en junio del año pasado para derrocar al exdiputado Hugo Velázquez como titular de la Cámara Baja impacta económicamente a los fondos públicos.
Tras un análisis minucioso de la nómina de casi dos mil funcionarios de la Cámara de Diputados se desprende que un total de 232 directores fueron beneficiados con jugosos salarios.
Para las “recategorizaciones” no solo se tuvieron en cuenta los cambios de directores, jefes y coordinadores, sino también se benefició a funcionarios leales al cartismo y al llanismo que incluso no ocupan ningún cargo de jerarquía.
El presupuesto de la Cámara de Diputados de este año se diseñó para recategorizar especialmente a los funcionarios que responden a los sectores que formaron parte del pacto. Prácticamente no fueron tenidos en cuenta los funcionarios identificados con el efrainismo y el movimiento Colorado Añetete.
Entre los privilegiados se encuentran familiares de los diputados liberales que no volverán a ocupar una banca en el próximo periodo como María Carísimo, Ramona Mendoza y Héctor Lesme, como también operadores políticos. Alliana ubicó a su primer anillo con jugosos salarios que van de 23 a 29 millones de guaraníes. Aumentó hasta G. 17 millones el salario de su director general de la Unidad Operativa de Contrataciones, Gilberto Coronel, quien hoy gana G. 27.584.000.
Un grupo de 16 funcionarios recibieron aumentos de más de G. 5 millones. Está el caso de la directora de Mesa de Entrada, Antonia López, cuyo salario hoy asciende a la suma de G. 19.637.713. No cuenta con un título de grado.
Está el caso del director de Asistencia Médica, Carlos Talavera Mussi. Está al frente de un “minihospital” que funciona con 20 funcionarios, entre ellos médicos, odontólogos, nutricionistas y psicólogas.
Elvira Cuéllar es directora de Comisiones Especiales, una comisión temporal creada en otra administración como permanente.
Alliana negó la lista
El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR), no entregó la lista de los 232 “recategorizados” hallados en la nómina de funcionarios de la institución legislativa.
El pedido se realizó a través de la oficina de Acceso a la Información Pública. Cumplido el plazo de 15 días, el 27 de marzo pasado desde la Cámara respondieron que en la planilla de funcionarios se encontraban los datos, negando así el detalle de los recategorizados.
Una similar respuesta recibimos el año pasado cuando requerimos a la institución la cantidad de funcionarios que ingresaron con la administración de Alliana.
liza.paredes@abc.com.py