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El titular de la Comisión de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Edmundo Rolón, entregó ayer a la Contraloría General de la República numerosos biblioratos y carpetas que hacen a la rendición de gastos de campaña de los partidos y movimientos que participaron en las últimas elecciones municipales.
En cumplimiento de la Ley Nº 4743/12, los legajos deben informar cuáles fueron las fuentes de financiación de las campaña (subsidios estatales, donativos, préstamos, etc.) y la manera en que se utilizó (publicidad, transporte y otros).
Según un cuadro elaborado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), presentaron su rendición un total de 59 agrupaciones (entre partidos y movimientos) cuyos desembolsos suman un total de unos G. 53.000 millones, que al cambio actual equivalen a unos US$ 9 millones. (ver la infografía).
Por otro lado, de los 24 partidos reconocidos, solo dos no rindieron su balance: Partido de los Trabajadores y el Partido Socialista Democrático Herederos.
De los 79 movimientos inscriptos, solo 27 hicieron su rendición; mientras que de las 27 alianzas solo ocho presentaron sus documentos. Finalmente, entre las concertaciones políticas, cinco cumplieron el trámite y otros dos, no.
Verificarán datos
Rolón dijo que aunque la Justicia Electoral hizo su análisis, no quieren emitir ningún tipo de opinión sobre la veracidad de los balances de los partidos y movimientos políticos, ya que esto le corresponde a la Contraloría. “La Unidad Técnica Especializada del Financiamiento Político cumplió con su tarea de recibir la documentación enviada por las agrupaciones políticas, la auditoría y el dictamen final lo realizará la Contraloría General de la República”, explicó Rolón.
Anunció que las agrupaciones que no presentaron su balance serán depuradas y aquellas que lo hicieron fuera del plazo serán sancionadas.
Por su parte, el contralor interino, Roy Rodgers, no quiso preopinar cuando fue consultado sobre qué grado de veracidad tienen los balances.
En el caso de la ANR, por ejemplo, los colorados afirman haber gastado menos que el PLRA y que solo recibieron dos aportes individuales, desmintiendo que el presidente Horacio Cartes haya hecho millonarios desembolsos.
No obstante, Rodgers anunció que darán prioridad al análisis exhaustivo de los documentos. Remarcó que entre los gastos de campaña se encuentran los aportes y subsidios estatales que son considerados fondos públicos. “Para nosotros es una prioridad absoluta, hay un interés social muy grande de por medio y la ciudadanía se merece que esto se termine lo antes posible”, señaló Rodgers.
“Es una auditoría como cualquier otra, se analizan los criterios y las condiciones, los procesos legales y la aplicación conforme a la ley de los recursos señalados y se contrasta la información”, manifestó el alto funcionario. No se dio un plazo para que el referido informe esté listo.