Asociación de fiscales no apoya a colega destituida

La Asociación de Agentes Fiscales, presidida interinamente por Victoria Acuña, aún no se solidarizó con la abogada Patricia Doria, exdirectora de Delitos Económicos del Ministerio Público, quien fue trasladada luego de haber dictaminado a favor de la investigación del fiscal general Javier Díaz Verón.

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El Ministerio Público abrió una investigación penal a Díaz Verón (con “permiso” hasta el 22 de abril) por supuesto enriquecimiento ilícito. Fueron asignados a esta tarea los fiscales Yolanda Portillo y José Dos Santos. Para la apertura de la investigación al titular del Ministerio Público, se tomó como referencia la serie de publicaciones del diario ABC Color, sobre los bienes de Díaz Verón, quien posee extensas propiedades, cabezas de ganado, entre otros bienes.

Se cree que la investigación podría alcanzar a la esposa de Díaz Verón, de nombre María Selva Morínigo, exfuncionaria del Fondo Ganadero y quien figura como propietaria de la firma Salty River.

Díaz Verón reportaba la tenencia de 250 cabezas de ganado en el Chaco y Caazapá de la raza Brahman y Nelore, con un costo de G. 4.000.000 cada uno, es decir, solo en vacunos, el funcionario registró activo de G. 1.000 millones.

La fiscala Patricia Doria dio el visto bueno para la investigación de Díaz Verón y llamativamente fue trasladada.

Hasta ayer la Asociación de Agentes Fiscales mantuvo un silencio cómplice, pese a los graves hechos de supuestos casos de corrupción y de grosera injerencia política en casos judiciales en curso que saltaron tras los audios filtrados.

Cuando la ciudadanía comenzó a cuestionar la conducta y labor de varios fiscales –que aparecían en los audios– esta asociación solo se limitó a decir que no se puede generalizar a todos los fiscales. Pero en ningún momento repudiaron la injerencia política del entonces senador colorado cartista Óscar González Daher, quien presidió el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) desde donde hacía el operativo apriete a través de su secretario el abogado Raúl Fernández Lippmann (ahora imputado y detenido en Tacumbú desde el 11 de enero pasado).

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