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El Ministerio Público, en los últimos años, presentó 60 imputaciones, varias afectan a políticos y expopes de gobiernos anteriores.
El fiscal adjunto Federico Espinoza confirmó ayer que las causas judiciales en las que aparecen involucrados parlamentarios y expopes de gobiernos anteriores están semiparalizadas.
El representante del Ministerio Público responsabilizó del hecho al Poder Judicial. “Los procesados, a través de sus defensores interponen incidentes dilatorios que tienen acompañamiento en el Poder Judicial y de esa forma evitan el curso normal de los procesos”, señaló Espinoza.
Agregó que como consecuencia de dichas acciones, las audiencias preliminares se aplazan insistentemente y, por ende, las causas no pueden ser elevadas a juicio oral y público. “Estas irregularidades evitan que los implicados sean sentenciados”, insistió.
Agregó que jurídicamente la Fiscalía no puede dilatar las causas penales porque la ley establece cuáles son los plazos procesales que deben ser cumplidos. Por ello, los casos son congelados en el órgano jurisdiccional, cuyos representantes tienen responsabilidad exclusiva en ellos“, explicó el fiscal.
Espinoza dijo que la institución presentó en varios casos urgimientos para poder avanzar. En otros, como el caso de compra irregular de helicópteros que involucra al exministro Rafael Filizzola, la Fiscalía inclusive llegó a recusar a ministros de la Corte.
Según datos que maneja la Secretaría Anticorrupción, en los últimos cinco años se presentaron ante el Ministerio Público al menos 325 denuncias de hechos de corrupción que afectan a instituciones del Poder Ejecutivo. De este total, en 60 casos se presentaron acusaciones y hasta allí llegaron los procesos.
Apenas una persona fue a juicio hasta hoy. Se trata de Rubén Quesnel, expresidente del Indi, quien fue hallado culpable de venta ilegal de tierras indígenas, y fue condenado a seis años de prisión.
Entre los procesos que no avanzan están los que afectan a los diputados José María Ibáñez (ANR), Milciades Duré (PLRA) y Óscar Núñez (ANR); a más de los senadores Enzo Cardozo (PLRA), Víctor Bogado (ANR) y Nelson Aguinagalde (ANR). La denuncia por lesión de confianza contra el último mencionado fue radicada ya en el 2009 en Ciudad del Este.
El expediente “se perdió” por un buen tiempo, y el año pasado, tras publicaciones periodísticas apareció.
En julio el juez de la causa pidió el desafuero de legislador, para que sea procesado.